Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, reapareció ante la Fiscalía para poner su pasaporte a disposición de las autoridades

Reapareció Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, señalado por su presunta responsabilidad en los hechos de corrupción que se presentaron en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En la tarde de este jueves, 14 de agosto, el exfuncionario del gobierno del presidente Gustavo Petro se presentó en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Bogotá.

Bonilla estuvo acompañado del abogado defensor de Carlos Ramón González, Javier Torres, quien dio a conocer detalles de su visita a la Fiscalía.

“Ricardo Bonilla vive de una pensión modesta como profesor, no posee bienes de fortuna, ha asistido a todas las diligencias judiciales a las que ha sido citado y puso su pasaporte a disposición de las autoridades", informó.

Y agregó el abogado: ”Hoy, 14 de agosto de 2025, ante la Fiscalía, ratificó y demostró que no ha salido del país ni piensa hacerlo y que mantiene su disposición a colaborar y atender cualquier citación que las autoridades le hagan”.

Lo cierto es que la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia informó que, en los últimos meses, se ha reunido material probatorio que vincularía al entonces ministro de Hacienda, en 2023, con el desvío de tres contratos de obra valorados en 90 mil millones de pesos.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Ricardo Bonilla habría intervenido en el cuarto episodio de la “macrocriminalidad” que desangró a la UNGRD. La fiscal precisó en rueda de prensa que el exministro deberá responder por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.

Las evidencias surgieron a partir de las declaraciones de su exasesora, María Alejandra Benavides, considerada una de sus personas de mayor confianza, quien aportó información sobre el desvío de los tres contratos de intervención y obra.

En estas irregularidades también habrían tenido participación el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el viceministro de Hacienda, Diego Guevara.

La finalidad de desviar dichos contratos habría sido favorecer a un grupo de congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, cuyo respaldo resultaba decisivo para la aprobación de iniciativas del Gobierno.