Política
Representante a la Cámara denunció presunto caso de corrupción que involucra a la secretaria de Planeación de Girardot y a contratista de ese municipio
La alcaldía de Girardot nombró como secretaria de Planeación a una funcionaria que, al parecer, fue contratista de una importante obra en el municipio. Ahora ella será la encargada de la supervisión de ese mismo contrato.
En Girardot, Cundinamarca, las alarmas se encendieron en torno a la Secretaría de Planeación Municipal. La representante a la Cámara Alexandra Vásquez puso en la mira a la actual titular de esa dependencia, María Isbeth Cárdenas Vergaño, al denunciar un posible conflicto de intereses en la ejecución de un contrato por más de 900 millones de pesos para el parque El Futuro, obra que hoy permanece con retrasos.
Según Vásquez, Cárdenas Vergaño fue accionista de Habitar Bien Ltda., empresa que obtuvo la adjudicación del contrato mediante la modalidad de contratación directa. Aunque la funcionaria renunció a su participación en la sociedad, pocos días después fue nombrada en la administración del alcalde Salomón Said Arias, desde donde hoy tiene bajo su responsabilidad la supervisión de la misma obra que antes ayudó a ganar como contratista.
“Esto no está bien: una persona que fue contratista de una obra millonaria ahora es premiada con un cargo clave en la Alcaldía y tiene que vigilar aquello en lo que antes tuvo intereses”, cuestionó la congresista, advirtiendo que el procedimiento se adelantó sin licitación, sin pluralidad de oferentes y con mínima transparencia.
El señalamiento no se queda solo en el rol de la secretaria de Planeación. Vásquez también puso la lupa sobre el convenio que la Alcaldía firmó con la empresa Epuxua, del municipio de Soacha, la cual recibe una cuota de gerencia de 42 millones de pesos pese a que, hasta la fecha, no existen avances físicos en el parque.
A la cadena de dudas se suma el interventor del contrato, Jorge Elvecio Baquero Díaz. De acuerdo con la denuncia, este sujeto tendría antecedentes en proyectos inconclusos en otros municipios de Cundinamarca y, a la fecha, no ha cargado en la plataforma Secop los informes de interventoría obligatorios, contraviniendo los principios de transparencia y control en la contratación pública.
“¿Cómo se vigila una obra cuando quien supervisa es el mismo que estuvo del lado de los constructores?”, insistió Vásquez, recordando que el parque El Futuro, presupuestado en 900 millones, hoy es un proyecto con retrasos y sin claridad sobre su avance real.
Los señalamientos, que comprometen tanto a la administración local como a las firmas contratistas, ya fueron puestos en conocimiento de los entes de control. Ahora se espera que la Procuraduría y la Contraloría determinen si hubo irregularidades y posibles faltas disciplinarias.
