POLÍTICA

Las ilusiones perdidas de la reforma política

La gran reforma política contemplada en los acuerdos de paz terminó reducida a un listado de fórmulas para enfrentar las elecciones de 2018. ¿Quiénes se benefician?

25 de noviembre de 2017
Más graves que los artículos quitados a la reforma, son algunos que se han incluIdo. Es el caso del que permite el transfuguismo

Esta semana se agota el periodo del fast track. Y uno de los proyectos claves de la paz, la reforma política, está a punto de hundirse. La versión que quedó después de los debates en comisiones y en la Comisión Primera del Senado poco o nada tiene que ver con lo planeado en La Habana: cambiar las reglas de juego para garantizar el pluralismo y la competencia, y corregir fallas en la estructura del sistema electoral. Las bancadas están discutiendo el tema en medio de la campaña electoral y buscando fórmulas que favorecen sus intereses de corto plazo. Y ya casi nadie –ni siquiera sus arquitectos– cree en los beneficios de la reforma desde el punto de vista de la institucionalidad democrática.

La Misión de Observación Electoral, que presentó las propuestas iniciales, le envió la semana pasada una carta al presidente Juan Manuel Santos para pedirle retirar el proyecto. Argumenta principalmente que, como está, pone en riesgo los avances logrados, en otras reformas, sobre el papel de los partidos, la transparencia del sistema electoral y la actuación en bancadas. “Es una reforma sastre, hecha a la medida de los intereses de cada partido”, argumenta Alexandra Barrios, directora de la Misión, quien hizo parte de la comisión de académicos conformada el año pasado para aportar al proyecto.

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El primero de los elementos aprobados que va en contravía del espíritu de la reforma tiene que ver con la autoridad electoral. La versión original contemplaba crear un organismo electoral que no tuviera un origen partidista. Aunque el texto que cursa en el Congreso establece que este consejo tendrá representación de todas las fuerzas, incluyendo la oposición y los independientes, los parlamentarios dejaron su nominación a cargo de los políticos.

También se eliminó la prohibición a los candidatos de contratar servicios de transporte el día de elecciones. Esto, en aras de evitar el trasteo de votos. Y se suprimieron capacidades técnicas del CNE para controlar quién les da la plata a los políticos y en qué la gastan.

Pero más graves que los artículos quitados a la reforma, son los que le han incluido. Entre ellos, el que permite el transfuguismo. Se introdujo una figura que le permite a cada congresista presentarse a las próximas elecciones por un partido distinto al que los avaló, siempre y cuando el partido al que pertenecen decida conformar una coalición de listas y el respectivo congresista esté en desacuerdo con ella. Un paso atrás frente a la legislación adoptada desde 2003 para fortalecer los partidos.

Cambio Radical, La U, el Centro Democrático , algunos liberales y los conservadores son los más beneficiados con esta posibilidad. En lo que concierne al primero, el partido de Germán Vargas, la apuesta es enriquecer sus listas al Congreso con personas que vienen de otros partidos. Aunque el senador Mauricio Lizcano, de La U, no se presentará, su objetivo sería ubicar personas cercanas en la lista de Cambio Radical. Lo mismo haría la mayoría de los conservadores, que se identifican con la derecha y que aún no tienen candidato presidencial, y varios congresistas de La U, que sienten que su partido debe tener un candidato fuerte desde ya. Tampoco se descarta un desplazamiento de algunos liberales a las toldas de Cambio. En concreto, se especula sobre los casos de Viviane Morales y Juan Manuel Galán.

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Recientemente, Jorge Enrique Vélez, presidente de Cambio Radical, confirmó esa hipótesis. En entrevista con SEMANA dijo que a la colectividad están llegando “muchas personas que hoy están en el Partido Liberal, en La U, en el Conservador y en otras fuerzas políticas”. Algo similar ocurriría con el Centro Democrático de aprobarse el transfuguismo. A esas toldas seguramente llegarían políticos de La U y del Partido Liberal, que sienten tener más posibilidades de llegar al Congreso si están en las listas respaldadas por Álvaro Uribe.

Pero resulta paradójico que el Polo Democrático y la Alianza Verde, que en público han defendido la coherencia política, ahora justifican la desprestigiada práctica del transfuguismo. En 2014 ambos partidos tuvieron dificultades para llegar al Congreso y cada uno pasó raspando con cinco curules en el Senado. Ahora, con el paso de Jorge Robledo y Claudia López a la contienda presidencial, pierden a sus dos grandes electores parlamentarios. Por ello, en ambas colectividades existe la conciencia de que solo con una alianza, ya facilitada por las conversaciones López-Robledo-Fajardo, podrán lograr curules en el Senado y en la Cámara. Y eso solo es posible si se permite el transfuguismo.

En la práctica, los únicos opuestos al esquema de ‘transfuguismo a cambio de coaliciones’ son los liberales. La mayoría de ellos consideran que de permitirse la figura César Gaviria –director del partido– y La U buscarían hacer listas conjuntas. Esto tendría la dificultad de priorizar nombres y candidatos para ocupar los principales puestos en una lista. Los senadores quieren ser autónomos en definir quiénes serán sus candidatos a la Cámara, y en el caso de los representantes, son conscientes de que ya hay más candidatos que curules en cada departamento como para integrar listas con otro partido.

Por último, su rechazo a las listas cerradas también demuestra que los congresistas han impulsado una reforma a su medida. El proyecto inicial contemplaba acabar con el voto preferente desde 2019 y en ello coincidieron los miembros de la Misión Electoral, para quienes el voto preferente ha aumentado el costo de las campañas, facilitado la corrupción y desarticulado los partidos. Pero armar listas de coalición a punta de bolígrafo es imposible. Solo al Centro Democrático le convienen las listas cerradas, pues en el caso del Senado tiene un líder lo suficientemente fuerte como para arrastrar un buen número de candidatos.

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El miércoles de la semana pasada, la reforma política planteada recibió una estocada. Juan Fernando Cristo, quien como ministro del Interior presentó el proyecto inicial, envió a los senadores de su partido una carta para pedirles hundirlo por ir en contravía de su espíritu original. Aunque por cuenta de ello podrían perderse diez votos a favor, el entusiasmo que genera la iniciativa entre quienes buscan reelegirse permite pensar que no es fácil que se hunda.

Otros candidatos están pendientes de una fórmula para flexibilizar los mecanismos para crear partidos y obtener personería jurídica. Este punto sí forma parte de los acuerdos de paz. Pero le convendría a alternativas como la de Sergio Fajardo, que forma parte de una coalición con Jorge Enrique Robledo y Claudia López, que sí tienen partido. En lugar de mirar la conveniencia democrática de permitir, por una vez, la creación de nuevos partidos, la mirada en el Congreso se concentra en facilitar o cerrar el camino en 2018 de quienes apelarían a esta fórmula.

Definitivamente, modificar las reglas de un juego que ya comenzó no facilita la construcción de las mejores alternativas de largo plazo para la democracia. La paz era una oportunidad de oro para hacer las transformaciones consideradas necesarias que hasta el momento el Congreso no ha querido hacer. Temas como el regreso del transfuguismo pueden hacer que el remedio termine agravando la enfermedad.