Naicón
Red de tierreros en el Atlántico tenía notarios en su nómina. Se apropiaron de lotes destinados a la construcción de colegios
Entre los procesados hay inspectores de policía, funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, abogados y particulares.
Una investigación de la Fiscalía permitió develar una compleja red criminal dedicada a la apropiación de lotes. Los llamados tierreros se quedaban hasta con predios destinados a la construcción de colegios en el departamento del Atlántico. En la nómina de los criminales estaban notarios, inspectores de policía, funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, abogados y particulares.
Los investigadores del CTI lograron la captura de 18 personas entre funcionarios públicos y particulares que estarían enredados en este entramado corrupto y peligroso de criminales dedicados a la usurpación de predios, incluso de uso público en varios municipios del Atlántico y que mediante la violencia llegaban a las propiedades.
“La Fiscalía General de la Nación presentó ante jueces de control de garantías elementos materiales probatorios contra 18 presuntos integrantes de una red criminal señalada de apropiarse ilegalmente de terrenos en Soledad (Atlántico) para comercializarlos a terceros, que los adquirían de buena fe para desarrollar proyectos urbanísticos”, señaló el ente acusador.
En el curso de la judicialización, la Fiscalía entregó detalles del proceso y la misma investigación, además del listado de implicados en este escándalo que afectaba a decenas de ciudadanos, incluso a los niños del departamento, pues se logró demostrar que la banda también escogió como víctima los predios del Estado. Todo lo concretaron con la ayuda de funcionarios públicos.
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Las personas que estarían involucradas son:
- Notaria segunda de Barranquilla (Atlántico), Ana Dolores Meza Caballero.
- Notario único de Santo Tomás (Atlántico), Francisco María Mejía De La Hoz.
- Abogado de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Gobierno de Soledad, Andrés Rafael Diazgranados Cruz.
- Los servidores de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, David de Castro Macías, Juan Manuel Ucrós Ucrós, José Luis Pacheco Terán e Iván Carlos Páez Redondo.
- La exinspectora de Policía Neisy Esther Cantillo del Toro y el inspector de policía Marlon José Mora Montesino.
De acuerdo con la Fiscalía, la organización delictiva, aprovechando las funciones y cargos públicos que desempeñaban varios de los posibles implicados, se habría apoderado irregularmente de dos terrenos privados y otros dos públicos destinados para la construcción de un parque vecinal y un megacolegio, que superaban en extensión los 11.000 metros cuadrados y ascendían en valor a 2.900 millones de pesos.
“En el curso de la investigación se estableció que para quedarse con los predios del Estado fueron presentados documentos falsos que reconocían de manera gratuita la cesión del bien por parte de la autoridad local a un tercero. En el caso de los lotes privados se constató que se tramitaron demandas de posesión sustentadas en actuaciones inexistentes y espurias”, señaló la Fiscalía.
En las audiencias preliminares la Fiscalía imputó los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción, fraude procesal, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público, falsedad en documento privado, estafa agravada, urbanización ilegal, invasión de tierras, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer y falso testimonio. Ninguno aceptó cargos.
