Rechazan “descalificaciones” de Petro al presidente de la Corte Constitucional por la reforma pensional

En medio del encuentro Justicia para Todos que organizó la Corte Surema de Justicia en Villavicencio, Meta, el presidente del Consejo de Estado, el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, rechazó las “descalificaciones” y los mensajes que el presidente Gustavo Petro ha hecho contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, líder de la Corte Constitucional, por el futuro de la reforma pensional.

El magistrado Álvarez Parra manifestó: “La justicia es una sola, la rama Judicial actúa al unísono y siempre hacemos prevalecer la vigencia de la Constitución y la fuerza del derecho”.

A lo que agregó: “El doctor Ibáñez es hoy el representante de una cabeza de los órganos de la justicia” y su papel, como lo viene haciendo, es representar a una rama del poder público, de manera que nosotros deploramos que haya descalificaciones y que por supuesto no se respete las decisiones de la justicia".

Una posición que se dio después de que el presidente Gustavo Petro acusó al presidente de la Corte Constitucional de tener un “odio ideológico” por la reforma pensional y hasta lo vinculó con un supuesto plan para demorar el trámite de esa iniciativa en su control constitucional.

“El magistrado Ibáñez presume que yo convoqué las extras, estando en territorio extranjero. Se equivoca y es comprobable. El problema está en que desconfía de la presidencia de la Cámara de Representantes y desconfía del presidente de la República porque, en su conciencia, no quiere por razones ideológicas“, dijo Petro en su cuenta de X.

El presidente de la Corte Constitucional le respondió al mandatario a través de un auto sobre la pensional en el que habló de independencia judicial y hasta emitió una nueva orden para que el Congreso entregara las pruebas de la subsanación del proyecto que tenía un vicio de trámite por su pago en el Legislativo.

Sobre los señalamientos de Petro, Ibáñez Najar manifestó: “No corresponden a la verdad y resultan por completo ajenos al deber de colaboración armónica que vincula a las ramas del poder público y ponen en riesgo la independencia judicial que reconoce el artículo 228 de la Constitución Política, en virtud de la presunción de buena fe que ampara las actuaciones de las autoridades públicas, se entenderá que la intención del señor presidente y de sus ministros no es otra diferente a expresar su deseo de que se imparta un trámite célere a la acción pública de constitucionalidad del asunto”.

Durante el Gobierno de Petro se han presentado varias tensiones por las decisiones que han afectado al proyecto progresista, como los nombramientos diplomáticos que ha tumbado el Consejo de Estado, las iniciativas que se han caído en la Corte Constitucional y las investigaciones que adelanta la Corte Suprema como el escándalo de la UNGRD.