Rechazan denuncia contra Efraín Cepeda y congresistas de la Comisión Séptima por el hundimiento de las reformas laboral y de salud

La denuncia que llegó a la Corte Suprema de Justicia contra el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y los congresistas de la Comisión Séptima por hundir las reformas a la salud y laboral no pasó ni el primer filtro y fue inadmitida por el alto tribunal, que resolvió que carece de fundamento para iniciar la acción penal.

Uno de los motivos por los que la Corte no aceptó estudiarla es porque se trataba de una denuncia temeraria y sin una sola prueba, basada en un correo electrónico de alguien que ni nombre presentó, simplemente se autodenominó como “el sabueso”.

Y es que en realidad la denuncia se trataba de una novela sin una sola evidencia, con la cual se pretendía que los congresistas fueran investigados por los delitos de concusión y cohecho.

“Los congresistas (...) habrían incurrido en el delito de prevaricato por omisión y concierto para delinquir al archivar, sin previo debate, la reforma laboral, lo cual fue recompensado por unos grupos económicos, al entregar a dichos servidores públicos más de setecientos millones de pesos, sin tenerse en cuenta de cuánto —presuntamente— pudo haber recibido el señor Efraín Cepeda por su calidad de ‘jefe de la banda’”, advertía la temeraria denuncia que no contaba con identificación más allá de “el sabueso”.

La Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado César Augusto Reyes, es contundente y califica la denuncia de genérica, gaseosa y especulativa.

“En verdad, las lacónicas narraciones no posibilitan colegir situaciones específicas de carácter punible contra la seguridad y administración pública que les puedan ser atribuidas a los congresistas, menos otras en el marco del Estatuto Sustantivo ante el reproche genérico, gaseoso y especulativo”, se lee en la decisión de la Corte.

El asunto es claro, se trata de una denuncia sin ningún tipo de sustento y así lo dejó claro la Corte: “Ante la ausencia de datos precisos que comprometan concretamente, directa o indirectamente, la responsabilidad penal de cada uno de los aforados. Déficit fáctico y probatorio que imposibilita trazar una línea de investigación fundada para el esclarecimiento de las predicadas ilícitas conductas”.

Al presidente del Senado, Efraín Cepeda, también lo denunciaron por “menoscabo a la integridad nacional”, esto por una declaración que dio en Estados Unidos, luego de una reunión con congresistas de ese país, del Partido Republicano.

“El presidente Petro le está poniendo un palo en la rueda a la democracia colombiana al querer desatar la violencia contra el Congreso, que tomó una decisión autónoma frente a la reforma laboral”, dijo Cepeda en Estados Unidos.

Sobre ese punto, nuevamente, la Corte Suprema de Justicia fue tajante en la decisión y respaldó la autonomía y derecho a opinar de Cepeda, esto según el artículo 185 de la Constitución.

“Los congresistas no pueden ser investigados ni sancionados por sus votos u opiniones emitidos en el ejercicio de su cargo, desde luego, respecto de las funciones asignadas por la norma”, se lee en la sentencia.

Así, más allá del debate, del pataleo, de la intención de impulsar la reforma laboral a través de una consulta popular —que tampoco fue aprobada por el Congreso y que se echará a rodar por decreto—, la Corte es clara en que en el hundimiento de estas dos reformas no hubo ilegalidad.