Realizan plantón frente al Ministerio de Ambiente en protesta por polémica resolución firmada por Susana Muhamad

Miembros de 40 organizaciones mineras, comunales y sociales del departamento de Santander radicaron este miércoles, 19 de marzo, ante el Ministerio de Ambiente un documento respaldado por 8.000 firmas en rechazo a la resolución 0221 de marzo de 2025, que firmó la exministra Susana Muhamad en su último día de gestión, que declara 75.000 hectáreas como zona de reserva fuera del páramo de Santurbán.

Según los firmantes, esta normativa afecta a 35.000 personas de los municipios de California, Suratá, Matanza, Tona, Charta, Vetas y el norte de Bucaramanga. Por ello, solicitaron a la nueva ministra de Ambiente, Lena Estrada, que la suspenda y abra mesas de concertación con las comunidades.

En el marco de la radicación del documento, alrededor de 500 miembros de estas comunidades, quienes viajaron en bus desde Santander, realizaron un plantón a las afueras de las instalaciones del Ministerio. En el marco de la protesta, manifestaron que la resolución tiene “inconsistencias legales, jurídicas y técnicas”.

Según señalaron, la normativa fue expedida sin concertación con la población afectada como lo ordenan el Acuerdo de Escazú y tres sentencias de la Corte Constitucional. Esto, aseguran, vulnera varios derechos fundamentales, como el derecho a la participación ciudadana, al arraigo cultural y al trabajo digno.

Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas y la fundación Dignidad Minera, expresó que la resolución fue expedida de afán por la exministra Muhamad.

“De afán y a pesar de estar impedida, la exministra Muhamad firmó una resolución inconsulta e inconstitucional. La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo ya señalaron que la decisión carece de sustento técnico, y violó nuestros derechos. Estamos aquí para pedirle encarecidamente a la nueva ministra, Lena Estrada, que corrija los errores cometidos por su antecesora, que nos escuche, que cumpla con sus anuncios de tener un ministerio abierto al diálogo y la participación, y que reconsidere suspender la aplicación de esta medida que nos condena a la ilegalidad, la pobreza y el desplazamiento”, dijo.

Entretanto, Fabio Maldonado, presidente del Consejo para el Desarrollo de Soto Norte, dijo la normativa genera inseguridad en la región.

“No queremos irnos de nuestro territorio ni permitir que nos obliguen a dejar de ser mineros. Nosotros queremos vivir en la legalidad, ser formales, y hacer nuestras actividades por fuera del Páramo y bajo toda la vigilancia del estado. La prohibición que nos imponen solo trae inseguridad, va aumentar la contaminación, y abre la puerta a la llegada de grupos ilegales”, expresó.