Economía
Procuraduría pide explicación a la Secretaría de Educación de Bogotá, tras presunta discriminación a colegios públicos en un evento
El Ministerio Público se pronunció por los hechos acontecidos hace poco más de una semana.
La Procuraduría General de la Nación se pronunció este 19 de septiembre, en el marco de su función preventiva, tras los hechos que acontecieron hace algunas semanas en medio de un evento que reunió a estudiantes de colegios públicos y privados.
Durante el evento, se dieron varias inconformidades, dado que al momento de entregar los refrigerios se evidenció una notoria diferencia entre los entregados a estudiantes de colegios privados y los públicos. A los privados les fue entregado un refrigerio en bolsas de papel, mientras que los públicos los recibieron en bolsas de basura.
El Ministerio de Educación se pronunció en un primer momento pidiendo explicaciones a la Secretaría de Educación. Ahora lo hizo el Ministerio Público.
La entidad requirió a la secretaria de Educación de Bogotá, Isabel Segovia Ospina, información detallada sobre la entrega de refrigerios en el evento pedagógico Simonu, tras las denuncias. Además, solicitó a la funcionaria explicar los criterios de selección de los alimentos entregados.
También busca que informen si existieron diferencias entre los refrigerios suministrados a estudiantes de colegios oficiales y privados. Adicional a ello, solicita aclarar si, en el caso de instituciones oficiales, los suplementos fueron distribuidos en condiciones inadecuadas, como en bolsas de basura.
Piden que la Secretaría precise si hubo protocolos aplicados para garantizar la igualdad en la organización del evento, además de identificar el proveedor contratado y explicar las razones de la presunta suspensión o terminación del encuentro.
“La Procuraduría Distrital Primera de Instrucción estableció un plazo de dos (2) días hábiles para la entrega de la información, con el fin de determinar si es necesario iniciar actuaciones disciplinarias”, indicó.
Adicional, reiteró que la Procuraduría, con su función preventiva, busca anticiparse a posibles vulneraciones de los derechos de los estudiantes, exhortando a las autoridades a actuar con transparencia y responsabilidad en la planeación y ejecución de sus actividades.
