Procuraduría no avaló orden de captura contra los seis congresistas involucrados en la UNGRD: “No es necesaria”

Antes de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se reuniera para definir la situación jurídica de los seis congresistas que integraban la Comisión de Crédito Público y terminaron investigados por el escándalo de la UNGRD, la procuradora segunda delegada para Juzgamiento Penal, Martha Luz Canabal Martínez, envió su concepto sobre este caso.

El documento de siete páginas conocido por SEMANA daba las primeras luces de la decisión que finalmente tomó la Sala de Instrucción el jueves 24 de julio: abstenerse de capturar a los legisladores que supuestamente recibirían contratos de la Unidad de Gestión del Riesgo, a cambio de apoyar los empréstitos de la Nación.

En ese informe, la procuradora Canabal Martínez arrancó advirtiendo que aunque “se encuentran pruebas que indican (...) la participación de los sindicados” en toda esta investigación, “lo cierto es que la medida de detención preventiva no se considera necesaria, ni urgente, ni proporcional, ni razonable”.

La procuradora advirtió que los congresistas Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bittar, Juan Pablo Gallo, Juan Diego Muñoz y Julián Peinado, hasta el momento no han mostrado algún tipo de señales que “pretendan evadir la justicia”, y consideró que han sido “diligentes para atender los llamados de la justicia.

“Así mismo, se encuentra debidamente establecido el arraigo de aquellos, en sus diferentes facetas personales, familiares y profesionales, sin que se hubiese incorporado tampoco ningún medio demostrativo para afianzar un pronóstico de fuga, ante una eventual acusación o condena en su contra”, dice el concepto de la Procuraduría.

El magistrado Misael Rodríguez, quien está a cargo de este caso, le presentó a sus colegas de la Sala de Instrucción una ponencia solicitando la orden de captura contra los legisladores salpicados, pero finalmente la mayoría decidió dejarlos en libertad, aunque sigue vinculados al proceso.

De hecho, la procuradora Canabal advirtió: “Si bien existe respaldo para afirmar la gravedad de las conductas investigadas - que ciertamente no son de poca entidad -, dicha circunstancia, por sí sola, no puede erigirse en un criterio concluyente para determinar la peligrosidad procesal de los investigados”.

El ente de control también consideró que la defensa material y técnica, no ha realizado “actos temerarios, de mala fe” que vayan encaminados a entorpecer o a dilatar la investigación que avanza en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.