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Procuraduría le pide a la Corte Suprema condenar al excongresista Germán Olano por carrusel de la contratación

El procurador Bladimir Cuadro hizo la solicitud sobre el proceso que avanza contra el exrepresentante por las irregularidades que se habrían presentado en los contratos para la Fase III de TransMilenio.

2 de abril de 2025, 3:18 p. m.
El exrepresentante Germán Olano compareció. | Foto: Juan Carlos Sierra

La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Suprema de Justicia que condene al exrepresentante a la Cámara, Germán Alonso Olano Becerra, por el proceso que avanza en su contra por el carrusel de la contratación en Bogotá.

En un concepto de 26 páginas, el procurador Bladimir Cuadro concluyó: “Solicita a la Sala de Instrucción que se profiera sentencia condenatoria en contra de Germán Alonso Olano Becerra, a título de interviniente, conforme al inciso final del artículo 30 del Código Penal, por el DELITO DE INTERÉS ILÍCITO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS”.

El proceso contra Olano arrancó por su presunta intervención en las irregularidades al rededor de la adjudicación del contrato de la obra de la Alcaldía de Bogotá para construir la Fase III de TransMilenio por la calle 26. Un contrato del año 2007.

Los hechos estarían relacionados con una serie de encuentros que Miguel Eduardo Nule Velilla, socio del Grupo Nule, sostuvo con el entonces congresista y el reconocido contratista Héctor Julio Gómez. En esas reuniones, Nule habría pactado entregarles a cada uno 1.750 millones de pesos, a cambio de conseguir ese contrato.

Parte de ese dinero, al parecer, se utilizó para sobornar a funcionarios del IDU, entre ellos: Lilian Pardo Gaona, entonces directora de esa entidad, y a Inocencio Meléndez, subdirector jurídico. Así se habría facilitado la adjudicación del contrato por más de 315 mil millones de pesos al Grupo Nule, a pesar de que no cumplían con los requisitos legales.

Bladimir Cuadro Crespo  Procurador Delegado
Bladimir Cuadro Crespo, procurador delegado Investigación y Juzgamiento Penal. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Olano Becerra volvió a aparecer en el año 2010, para supuestamente impedir que el contralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi ejerciera el control fiscal sobre dicho contrato, a pesar de los evidentes retrasos en la ejecución de la obra. El contralor habría advertido dicha auditoría ante la falta de pago de la coima que también le ofreció el Grupo Nule.

La petición de la Procuraduría

El procurador Bladimir Cuadro concluyó que la conducta investigada contra Olano se encuentra totalmente acreditada con ese contrato que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) le entregó a Uniones Temporales del Grupo Nule para la construcción de la Fase III.

Así mismo, destacó en el concepto que le envió a la Corte: “El análisis del material probatorio recaudado en el expediente permite inferir, de manera razonada y fundada, que la adjudicación del contrato en cuestión fue el resultado de un acuerdo ilegalmente celebrado, en el cual Germán Alonso Olano Becerra desempeñó un papel determinante y estratégico”.

De derecha a izquierda: contralor Miguel Ángel Moralesrussi, abogado Álvaro Eduardo Monotoya, abogado Diego Corredor y exrepresentante Germán Olano. | Foto: Juan Carlos Sierra

El ente de control aclaró que aunque el entonces representante a la Cámara no tenía dentro de sus competencias la tramitación y celebración de contratos de la administración pública, la prueba documental y testimonial evidencia que su intervención, “influenciada por la investidura de congresista”, resultó crucial para concretar la adjudicación del contrato.

“El expediente demuestra que, desde el momento en que Miguel Eduardo Nule Velilla le manifestó su interés en contratar con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para la ejecución de las obras de gran envergadura proyectadas en la ciudad, el procesado, Germán Alonso Olano Becerra, adoptó un rol activo en la materialización del favorecimiento indebido”, dice el documento conocido por SEMANA.

Para la Procuraduría, la actuación de Germán Olano transgredió principios de la contratación pública como la moralidad, la imparcialidad, la transparencia, la igualdad y la selección objetiva. Razones suficientes para pedirle al magistrado Jorge Caldas que lo condene.