Procuraduría insta a 125 municipios a garantizar servicio de alimentación en Centros Transitorios de Detención tras vencimiento de contrato

La Procuraduría General de la Nación emitió una alerta urgente ante la inminente finalización, el próximo 30 de junio, del servicio de alimentación para las más de 13.300 Personas Privadas de la Libertad (PPL) en los Centros de Detención Transitoria de 125 municipios del país.

Actualmente, este servicio es financiado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), pero a partir de esa fecha, de acuerdo con la ley, deberá ser asumido por las entidades territoriales.

El llamado de la Procuraduría se realiza tras constatar que, a pesar de haber vencido el plazo legal establecido para que los municipios presentaran sus planes de implementación del servicio ante el Ministerio de Justicia (plazo que expiró el 31 de diciembre de 2024), solo 59 de los 125 municipios han cumplido con esta obligación.

A corte del 24 de febrero de 2025, las autoridades han señalado que existe una alarmante falta de preparación en muchas de las entidades territoriales para asumir esta responsabilidad fundamental.

La situación plantea un riesgo grave para la seguridad alimentaria de las personas privadas de la libertad, que actualmente dependen de este servicio para su bienestar diario. La Procuraduría subrayó la importancia de que los municipios tomen medidas inmediatas para garantizar que el servicio de alimentación sea adecuado y continúe sin interrupciones, evitando consecuencias negativas para la población carcelaria y las condiciones en los centros de detención.

Por su parte, los procuradores delegados para los Derechos Humanos y Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Néstor Osuna y Samuel Arrieta, respectivamente, recordaron que, “les corresponde a las entidades territoriales incluir las partidas presupuestales necesarias para los gastos de los centros de detención transitoria de su jurisdicción y las demás obligaciones que se deriven de esta función, como son las raciones alimenticias y demás servicios, en aras de garantizar las condiciones de vida digna en reclusión para la población sindicada bajo su cargo”.

Ante esta situación, la Procuraduría instó a las autoridades locales a cumplir con la normatividad vigente, resaltando que la falta de acción podría generar no solo una crisis en el servicio de alimentación, sino también una violación de los derechos humanos de los internos, lo cual afectaría directamente a las políticas públicas de justicia y resocialización.

El Ministerio de Justicia y la USPEC también se han comprometido a trabajar de cerca con los municipios para agilizar la transición del servicio de alimentación, y garantizar que todos los centros de detención transitoria estén preparados para asumir esta responsabilidad antes de la fecha límite del 30 de junio.

“Con el fin de buscar soluciones para evitar que se desate una crisis, la Procuraduría convocó una mesa de trabajo interinstitucional de alto nivel, el próximo 27 de febrero, para verificar los avances en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional en los Centros de Detención Transitoria, principalmente respecto al mínimo constitucional de alimentación requerido por las PPL allí detenidas”, detalla la Procuraduría.

Sin embargo, la Procuraduría continuará monitoreando de cerca el cumplimiento de las disposiciones legales para evitar que esta situación termine afectando gravemente a la población privada de la libertad.