Procuraduría sancionó en primera instancia a funcionaria en Bogotá involucrada en escándalo de volteo de tierras; ella apeló decisión

La Procuraduría General de la Nación habría destituido e inhabilitado en primera instancia por 13 años a Luz Helena Guerra Ladino, quien fue corregidora rural en Bogotá, y terminó involucrada en un escándalo de volteo de tierras que hoy tiene en la mira a una narcotraficante, a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y a la propia Fiscalía General de la Nación. La decisión se dio en primera instancia y ella apeló.

Simón Hernández, abogado de uno de los reclamantes de los inmuebles, aseguró: “La sanción en contra de la Corregidora es el reflejo de lo que hemos venido denunciando desde hace varios años. La existencia de una organización, conformada por personas de distintos sectores y cargos, destinada a apropiarse ilícitamente Las Azoteas, incluso instrumentalizando a la administración de justicia”.

En el proceso judicial que avanza contra Luz Helena Guerrero y Jessica Montaña, su auxiliar administrativa, se investiga si se habrían prestado para que a través de una querella policiva, supuestamente le entregaran los predios La Azotea 1, 2 y 3 a un ciudadano identificado como Rafael Forero.

Eduardo Romano, quien es uno de los reclamantes del predio, es un empresario dedicado a construir viviendas en la ciudad y quien le tocó acudir a la oficina de abogados Alzate Hernández, para que detuvieran las presuntas irregularidades. Finalmente, un juez penal suspendió la posesión de esos inmuebles, argumentando que la corregidora Guerra habría incurrido en múltiples irregularidades.

El caso llegó hasta la Procuraduría General, que decidió sancionarla en primera instancia drásticamente, porque, según el fallo “la corregidora Luz Helena Guerra emitió una resolución que contradice abiertamente las pruebas y actuaciones del proceso, violando notablemente los principios de congruencia, adecuada valoración probatoria y vulneración al debido proceso”.

En la decisión también se detalla que “al amparar la posesión del predio identificado con la matrícula 50S-410742, que no estaba delimitado ni identificado claramente, y vincular al proceso predios y personas completamente ajenas a lo solicitado en la querella y que no tenían relación con la perturbación alegada, su decisión no fue coherente”.

El ente de control también detalló que la decisión que tomó la corregidora Guerra el pasado 14 de enero de 2019, existió una falta de congruencia entre las pretensiones que iban en la querella, las pruebas aportadas durante el proceso y el fallo final. La funcionaria, a pesar de que sabía las diferencias entre los predios vinculados y el predio referido en la querella, decidió seguir adelante con el proceso de posesión sobre un lote del que no había pruebas ni identificación.

“Se considera que la actuación de la disciplinable, conforme a lo descrito tanto en esta decisión como en el pliego de cargos, habría transgredido el principio de moralidad. Principio por medio del cual se desarrolla la función administrativa”, dijo el ente de control en su decisión.

“Celebramos la decisión de la Procuraduría y esperamos continuar trabajando en equipo con la Fiscalía para lograr el mismo resultado, tanto en el proceso penal en su contra, como en todos los demás que se siguen por hechos conexos”, manifestó el abogado Hernández.

Luz Helena Guerra Ladino quedó suspendida e inhabilitada por 13 años en primera instancia por la falta gravísima a título de dolo que cometió con los trámites de esas tierras. Sin embargo, al apelar la decisión, la Procuraduría deberá revisar nuevamente la sanción en segunda instancia.

La oficina de abogados Alzate Hernández ha denunciado que Ignacio Álvarez Meyendorff, el poderoso narco que ha sido el centro de varios escándalos en procesos de extinción de dominio’, y hasta la exfiscal Ana Catalina Noguera, quien fue jefe de Extinción de Dominio de la Fiscalía, estarían involucrados dentro del escándalo que hoy deja a una funcionaria por fuera de los cargos públicos.

El abogado de Rafael Forero dio su posición frente al caso

Ricardo Vela, abogado de Rafael Forero, aseguró que “nosotros llegamos porque nos invaden de manera violenta al predio. La finca La Azotea es una sola, estas personas se traslapan, las organizaciones criminales de tierreros con documentos espurios sobre la finca y ellos crean la Azotea 1, 2 y 3”.

Además agregó que “este señor Eduardo Romano aparece en la querella después de tres meses de ejecutoriada la sentencia. Mi cliente no tiene nada que ver con la Azotea 1, 2 y 3, esos son documentos son espurios. La Azotea tiene una sola matrícula inmobiliaria que viene de mucho tiempo atrás. Él no tiene nada que ver con narcotráfico ni con esas situaciones. Don Rafael es una víctima”.