Procuraduría exige informe detallado a Policía y Alcaldía de Bogotá por disturbios en el Movistar Arena

Luego de la jornada de terror que se vivió el miércoles 6 de agosto en el Movistar Arena, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Alcaldía de Bogotá y a la Policía Metropolitana un informe detallado sobre las acciones desplegadas para prevenir desórdenes en espectáculos públicos.

El Ministerio Público solicitó información específica sobre los hechos violentos protagonizados presuntamente por hinchas de fútbol, quienes usaron objetos contundentes como sillas y canecas de basura para generar disturbios y provocar el caos dentro y fuera del recinto.

La entidad también requirió un reporte sobre las medidas y las acciones preventivas para este tipo de situaciones en el corto y largo plazo, a fin de garantizar la seguridad y el orden en futuros eventos masivos.

La solicitud de la Procuraduría se dio luego de la noche de terror del 6 de agosto, que terminó en una batalla campal que dejó un saldo trágico, un hombre fallecido, más de veinte personas heridas y daños materiales considerables dentro del escenario.

La violencia estalló alrededor de las 8 de la noche, cuando un grupo de personas, en su mayoría identificadas como hinchas de barras bravas de equipos bogotanos rivales, ingresaron violentamente por la puerta 5, enfrentándose con objetos contundentes y generando pánico entre los asistentes que esperaban el concierto.

Los disturbios también continuaron en las inmediaciones del recinto musical, dificultando las labores de control policial y causando conmoción en la ciudad. Esta situación obligó a la cancelación definitiva del concierto, una medida anunciada por la productora SILRA Eventos y Producciones, responsable de la organización.

La productora emitió un comunicado en el que confirmó que el evento no será reprogramado en Bogotá debido a la magnitud de los desmanes y los riesgos para la seguridad de los asistentes. SILRA Eventos lamentó los hechos y aseguró que se han tomado acciones legales para esclarecer responsabilidades, enfatizando que se busca proteger la integridad de los ciudadanos y la viabilidad de futuros espectáculos en la capital.

Por su parte, el general Wharlinton Gualdrón, jefe nacional del Servicio de Policía, aclaró que el evento que convocó a los asistentes en el Movistar Arena era privado.

“El evento, desarrollado por empresas privadas de entretenimiento, y conforme a la Sentencia C-128 de 2018 de la Corte Constitucional, debería contar con servicios privados de vigilancia y control para garantizar el normal desarrollo de la jornada cultural”, dijo el oficial de la Policía.