Judicial
Procuraduría, en un nuevo round con el Gobierno Petro, le pidió a la ANLA reanudar las operaciones del Muelle 13 en Buenaventura
En un extenso documento enviado al director de la ANLA se advierte que la suspensión de las actividades no tiene una justificación clara.
En los últimos días el proyecto del Muelle 13 en el puerto de Buenaventura se ha convertido en un nuevo centro de enfrentamientos entre la Procuraduría General y el Gobierno de Gustavo Petro, principalmente el Ministerio de Ambiente.
Este martes, el organismo de control disciplinario, por medio de la delegada de asuntos ambientales le pidió a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) modificar la resolución 0004 de 2025, la cual ordenó la suspensión de las actividades del Muelle 13.
En un auto de 14 páginas enviado al director de la ANLA, Rodrigo Elías Negrete, la Procuraduría General advierte que la medida de suspensión es extrema y la entidad no tuvo en cuenta varios factores.
Por lo que se propuso imponer una amonestación a la empresa encargada. “Es evidente que suspender de manera temporal la totalidad de las actividades de operación portuaria no resulta ser una medida conducente, proporcional y razonada”.
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Por lo que, para obtener la presentación de un Plan de Manejo Ambiental, como lo busca la ANLA, existen otras opciones. Igualmente, teniendo en cuenta los antecedentes y la situación, la Procuraduría indicó que “no se reporta ni se advierte la existencia de un daño grave e irreversible, o el incumplimiento de las medidas y obligaciones de manejo ambiental impuestas”.
En la comunicación se señala que “tampoco se reporta la certeza de que existe un peligro de daño grave e irreversible a los recursos naturales o al medio ambiente”, por lo que no se comparte la decisión de suspender las actividades del Muelle.
En otro de los apartes de la comunicación se señaló que, tras hacer una exhaustiva revisión de toda la documentación allegada por todas las partes, no se encontró ninguna necesidad de ordenar la suspensión de las actividades.
“No se establece de manera concreta y clara cuál de los instrumentos de manejo y control ambiental se refiere de lo que están previstos en la le, que para el caso concreto podría ser una licencia ambiental o plan de manejo ambiental, condición que resulta necesaria”, agregó el delegado ambiental.
En días anteriores, la Procuraduría adelantó una inspección a las instalaciones de la Agencia de Licencias Ambientales ante las dudas que ha generado la decisión que afectó el servicio público portuario. Situación que generó un verdadero enfrentamiento jurídico.
En abril de 2014, la Procuraduría General anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra el entonces ministro del Transporte, William Fernando Camargo Triana, y otros cinco funcionarios, por las presuntas irregularidades en la revocatoria de la concesión del Muelle 13.
El organismo de control anunció que el Ministro y los otros funcionarios habrían incurrido en una falsa motivación “al argumentar en la retractación la posible generación de importantes afectaciones ambientales negativas al territorio de Buenaventura, sin que hayan aportado evidencias, ni tener concepto al respecto de la Superintendencia General de Puertos”.
Igualmente, se buscaba establecer si se presentaron vulneraciones al debido proceso en el trámite adelantado frente a la modificación sustancial del contrato de concesión portuaria, pues se habrían desconocido la preclusión de las respectivas etapas, la conformación del consejo directivo, entre otras fallas.
