Procuraduría da otro golpe a intenciones del Gobierno Petro de revivir la votación de consulta popular en el Senado

Dos golpes recibió este martes 17 de junio el Gobierno de Gustavo Petro, en su afán de buscar la aprobación de la consulta popular, con la que busca que se avalen en las urnas las reformas que hasta el momento no han prosperado en el Legislativo.

A primera hora, el registrador Nacional, Hernán Penagos Giraldo, sentó su posición y advirtió que no podía convocar a la consulta popular para el próximo 7 de agosto, como lo había pedido el Gobierno, hasta no tener un fallo definitivo por parte del Consejo de Estado.

“Estamos ante un conflicto jurídico de talla mayor, una discusión de dos poderes y la pregunta es si se cumplieron o no los requisitos que reza la Constitución”, advirtió el Registrador Nacional.

Poco tiempo después, la Procuraduría General presentó su concepto ante el Consejo de Estado por los reclamos elevados por el Ejecutivo tras la decisión del Senado de no darle luz verde a esta consulta popular.

Para la procuradora delegada de asuntos electorales, la discusión y votación en el Senado estuvo amparada por los principios constitucionales y legales.

“Con fundamento en lo expuesto, la Procuraduría solicita negar la medida cautelar de suspensión de los efectos del acta o certificación de consolidación de resultados de la sesión, en las que se emitió concepto desfavorable a la solicitud del presidente de la República de convocar a una consulta del orden nacional”, precisa.

Esto, al concluir que “en este momento procedimental no se advierte vulneración del ordenamiento jurídico en virtud de su expedición”.

Desde el Gobierno insisten en que en la votación que se realizó el 14 de mayo en el Senado se presentaron varias irregularidades que llevaron a que no se aprobara la iniciativa.

Entre estos supuestos errores se citó que el número de votos depositados, y que fueron contados por el Secretario del Senado, no coincidía con el número de congresistas que estaban presentes en la Plenaria.

Igualmente, se señaló que se había cerrado la votación antes de tiempo, impidiendo que todos votaran.

El Gobierno señaló que un senador abandonó el recinto en el desarrollo de la votación, mientras que otro explicó su voto durante el cierre.

Sin embargo, la Procuraduría General fue clara en indicar que no existen elementos que sostengan los señalamientos sobre estas irregularidades.

En este sentido, indicó que no se acreditó de manera “contundente” la ocurrencia de estas irregularidades citadas en la queja gubernamental.

Advirtiendo de esta forma que en La Gaceta del Congreso y el orden del día no permiten determinar con certeza cuántos senadores estaban habilitados para votar, dejaron de hacerlo o se les impidió participar.

Este es el concepto de la Procuraduría