Procuraduría alerta por los riesgos de limitar el tiempo de funcionamiento y el presupuesto de la JEP

Reducir el alcance y el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) puede llegar a comprometer su capacidad para cumplir con el objetivo de ofrecer justicia a las víctimas del conflicto armado.

Así lo consideró la Procuraduría General de la Nación, que alertó sobre los riesgos de limitar el tiempo de funcionamiento y el presupuesto de la justicia transicional, tras los recientes anuncios que realizó el Gobierno nacional.

“Limitar sus funciones afectaría gravemente la implementación de sanciones y el juzgamiento de responsables de violaciones graves de derechos humanos”, señaló el Ministerio Público, al tiempo que recordó que las amnistías indiscriminadas están prohibidas por el derecho penal internacional.

Estas acciones podrían reactivar la intervención de la Corte Penal Internacional en Colombia, indicó la Procuraduría, al tiempo que destacó que es fundamental que las autoridades asuman su responsabilidad como garantes de los recursos necesarios para la implementación de las sanciones propias de la JEP.

“Esto incluye la adecuada asignación presupuestaria y la coordinación logística para llevar a cabo las medidas de reparación a las víctimas”, manifestó el órgano de control, mientras reiteró su disposición para colaborar en los procesos de articulación institucional que aseguren el cumplimiento de los derechos de las víctimas y la sociedad en el marco del sistema de justicia transicional.

Ya el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Roberto Carlos Vidal, le había respondido al comisionado para la Paz, Otty Patiño, quien recientemente sugirió que dicho tribunal tenía los días contados.

Para el magistrado Vidal, es necesario que desde el Gobierno se respete la independencia de poderes que está establecida en la Constitución Política. “Nos sorprenden las declaraciones del comisionado de Paz”.

En este sentido, aseguró que no es la primera vez que desde el Gobierno hacen fuertes señalamientos contra la JEP, sus integrantes y las acciones que se han realizado estos años.

“Esas iniciativas desde el Ejecutivo resultan muy riesgosas si apuntan a que las nuevas instituciones que se deben crear para resolver los asuntos judiciales de los procesos de paz en curso se construyen sobre la base de la destrucción de la JEP o de su descrédito”, advirtió.

El presidente de la JEP manifestó su preocupación por las decisiones del Gobierno de cambiar el destino de los recursos comprometidos para poner en marcha las funciones de la JEP establecidas en el acuerdo firmado con la guerrilla de las Farc.

“La JEP tiene muy claras sus competencias”, manifestó el magistrado Vidal. “Nosotros no hemos tenido ninguna pretensión de extender nuestras competencias más allá de lo establecido en los acuerdos y la Constitución”.

Cualquier modificación de los tiempos, competencias y funciones de la JEP debe realizarse por medio de una reforma constitucional ante el Congreso. Es decir, no es una decisión autónoma ni de la rama Judicial ni de la Ejecutiva.

“Lo que nos preocupa inmensamente es que el proceso de la JEP, que ya cumple ocho años (…) se vea interrumpido, como lo ha sugerido el comisionado Otty Patiño, sugiriendo que habrá un cierre de la JEP. Ello sin duda representaría una interrupción abrupta del trabajo que venimos haciendo y pondría en grave riesgo el cumplimiento de los Acuerdos de Paz de 2016″, aclaró.