Proceso para delimitar y proteger el páramo de Santurbán no llega ni al 4 %, alertan Procuraduría y Defensoría del Pueblo

Desde 2017, la Corte Constitucional emitió una sentencia para exigir la delimitación del páramo de Santurbán, un área crucial para la conservación ambiental y el suministro de agua a más de dos millones de personas. Sin embargo, no se ha acatado esa orden y el cumplimiento llega a apenas el 3,33 %.

Esta denuncia la hicieron la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, al presentar su Vigésimo Primer Informe de Cumplimiento relativo al proceso de delimitación del páramo de Santurbán, correspondiente al período de agosto a diciembre de 2024. Allí presentaron una serie de preocupaciones y situaciones críticas que han afectado gravemente la ejecución de las disposiciones de la Corte, las cuales buscan garantizar la protección de este ecosistema estratégico y los derechos de las comunidades que dependen de él.

A pesar de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) propuso un cronograma para la delimitación del complejo de páramo jurisdicciones Santurbán - Berlín, “su implementación ha sido sumamente deficiente”, aseguraron las dos entidades en un comunicado. Añadieron que, de las 30 mesas de trabajo previstas, solo se ha llevado a cabo una. “Esta falta de avances ha generado desconfianza y malestar en las comunidades locales, quienes, debido a la ausencia de resultados concretos, han realizado protestas y bloqueos en diferentes regiones, reflejando el creciente malestar social ante la falta de cumplimiento”, cita el informe.

Precisaron que la zona sufre graves problemas ambientales derivados de la minería ilegal, la cual ha generado una alarmante contaminación por mercurio en las fuentes hídricas, superando hasta 40 veces los límites internacionales permitidos. “Ese impacto ambiental es una consecuencia directa de la inacción de las autoridades encargadas de garantizar la protección de dicho territorio”, indica el comunicado.

En consecuencia, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo hicieron un llamado urgente al Tribunal Administrativo de Santander para que se tomen medidas inmediatas y efectivas que aseguren el cumplimiento de las órdenes judiciales. También recomendaron imponer plazos estrictos, un seguimiento riguroso y la evaluación de la adopción de medidas sancionatorias por el incumplimiento reiterado del cronograma propuesto por el MADS.

Gustavo Guerrero, procurador delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, aseguró que es urgente que se culmine el proceso de delimitación, que ha estado pendiente durante más de una década, y que se tomen las medidas necesarias para salvaguardar tanto el medio ambiente como los derechos de las comunidades de la región.

El origen

La Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional surgió a raíz de una acción de tutela presentada por la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez y miembros del Comité para la Defensa del Agua y del Páramo, quienes argumentaron que el proceso de delimitación, establecido en la Resolución 2090 de 2014, violó el derecho fundamental a la participación ambiental.

La sentencia también reafirmó la prohibición general de actividades mineras e hidrocarburos en los páramos, destacando su importancia estratégica y su vulnerabilidad ambiental. Justamente, allí ha estado parte de la polémica relacionada con la protección del páramo, pues en sus alrededores se encuentran varias zonas mineras como California, Vetas y Angostura, que son zonas en donde se explota oro. Así mismo, en el área de Santurbán, se estima que hay aproximadamente 4.000 hectáreas invadidas por minería ilegal, que igualmente extraen oro, así como plata, pero de manera contaminante. Esta actividad incluye varios socavones que operan sin permisos adecuados.