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Prisión, multas y cierre: lo que enfrenta un restaurante por mala comida
Las sanciones administrativas pueden incluir la suspensión de la actividad comercial, cierre del establecimiento, decomiso de productos y multas.
Servir alimentos en mal estado no solo representa un riesgo grave para la salud pública, sino que puede convertirse en un serio problema legal para los restaurantes en Colombia.
Según la legislación vigente, los establecimientos que provoquen intoxicaciones alimentarias en los consumidores pueden enfrentarse a sanciones que incluyen multas económicas, cierre temporal o definitivo del negocio, e incluso penas de prisión.
En el país, los órganos encargados de vigilar y sancionar este tipo de infracciones son el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), las secretarías de Salud de cada municipio o departamento, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con la normatividad sanitaria colombiana, cuando un establecimiento comercializa alimentos contaminados o manipulados de forma indebida, incurre en una falta que puede ser considerada tanto administrativa como penal.
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Esto depende de la gravedad del caso, el número de personas afectadas y la intencionalidad o negligencia demostrada por los responsables.
Las sanciones administrativas pueden incluir la suspensión de la actividad comercial, cierre del establecimiento, decomiso de productos y multas que pueden superar los 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dependiendo de la gravedad del hecho.
Por su parte, en el ámbito penal, el Código Penal colombiano contempla penas de prisión para quienes, con conocimiento o por omisión, distribuyan alimentos peligrosos para la salud.
La Superintendencia de Industria y Comercio, además, puede intervenir cuando se determina que se ha vulnerado el derecho del consumidor, al ofrecer productos que no cumplen con las condiciones mínimas de calidad, inocuidad y seguridad.
Estas disposiciones legales buscan proteger la salud de los ciudadanos y garantizar que los restaurantes cumplan con las normas de higiene y buenas prácticas de manufactura.
Por ello, las autoridades recomiendan a los consumidores denunciar cualquier situación sospechosa, como síntomas de intoxicación tras una comida, mal estado de los alimentos o condiciones insalubres en los locales.
Ante este panorama, los dueños de establecimientos gastronómicos están llamados a garantizar el cumplimiento riguroso de las normas sanitarias, no solo para evitar sanciones, sino para proteger la salud y confianza de sus clientes.
