Primicia | Tribunal ordena pruebas para definir la tutela radicada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Continúa el debate político y jurídico por la condena de doce años de prisión que se emitió el pasado viernes primero de agosto en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por su responsabilidad en los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Mientras desde muchos sectores consideran “desproporcionada” la sentencia de primera instancia, en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá comenzó el estudio de la acción de tutela en la que se pide revocar, tal vez, una de las medidas que más generó controversia: la detención domiciliaria.

SEMANA conoció que el magistrado ponente ya notificó a los sujetos procesales que “asumió” el conocimiento “de la acción de tutela instaurada por el ciudadano Álvaro Uribe Vélez, a través de apoderado, contra el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá”.

Por lo que les envió la respectiva notificación “a todas las partes e intervinientes vinculados al expediente 11001-6000102-2020-00276-00, a los Centros de Servicios Judiciales del sistema penal acusatorio y de Rionegro, Antioquia”.

Esto con el fin de “garantizar el ejercicio del derecho de defensa”. Para esto, se le notificó al apoderado del expresidente, al delegado del Ministerio Público y al respectivo juzgado.

Así como a las víctimas reconocidas en este expediente, entre las que se encuentran el senador Iván Cepeda; el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre; el ex vicefiscal general Jorge Fernando Perdomo, y Deyanira Gómez Sarmiento, expareja sentimental de Juan Guillermo Monsalve.

“Remítaseles copia de la tutela para que manifiesten lo que estimen pertinente y aporten las pruebas que consideren necesarias, para lo cual se les concede el término de un día a partir del momento en que reciban la respectiva comunicación”, precisó el Tribunal.

En la acción de tutela, radicada a las 8:40 de la mañana del pasado lunes 4 de agosto, el abogado Jaime Granados Peña, apoderado principal del expresidente Uribe, aseguró que no existe ningún tipo de sustento jurídico para la detención domiciliaria.

“Pueden ustedes apreciar los serios vicios en la motivación de la decisión por medio de la cual se ordenó la restricción inmediata al derecho fundamental a la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez, vicios que desconocen de forma flagrante los procedentes aplicables”, resalta la tutela.

Por esto, se pidió la protección de los derechos fundamentales a la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad que considera vulnerados con la decisión de la jueza 44 de conocimiento de Bogotá.

“Garantizar la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez hasta tanto no se resuelva de fondo la presente solicitud de protección constitucional, no perjudica a ningún tercero ni al proceso”, señala uno de los apartes de la acción judicial firmada por el abogado Jaime Granados Peña.

El expresidente Uribe, según la decisión de la jueza, deberá cumplir la detención domiciliaria en su residencia en el municipio de Rionegro, Antioquia.