Primicia: la advertencia sobre la senadora Isabel Zuleta y la compulsa de copias por corrupción en cárcel de Antioquia

Esta revista conoció, en primicia, la compulsa de copias que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia hizo, hace pocos días, a la Fiscalía General de la Nación después de la denuncia que llegó contra la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta, por los presuntos actos de corrupción que se estarían presentando al interior de la cárcel de Itagüí, en Antioquia.

La denuncia alertaba que la congresista, bajo la coordinación de la mesa de diálogo con estructuras de crimen de alto impacto de Medellín y el Valle de Aburrá, se habría quedado con “el control de la cárcel La Paz”, en el municipio de Itagüí. Específicamente, en los patios de alta seguridad, donde hay varios privados de la libertad que participan en dicho programa.

Pero el caso dio un giro inesperado cuando el pasado 10 de julio de este año, el magistrado Misael Rodríguez, ponente de ese caso, compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigara la presunta corrupción que se estaría presentando en ese centro penitenciario y la eventual participación de personas que no son competencia de la Corte Suprema.

Esas irregularidades aparecieron en medio de la denuncia que llegó contra Isabel Zuleta, y aunque el alto tribunal no halló relación contra la senadora, sí hicieron una advertencia que pondría en juego su papel como representante de dicha mesa de diálogo.

En el documento conocido por SEMANA, la Sala de Instrucción le pidió a la Fiscalía que si en las “pesquisas” que realicen sobre este caso, tienen información que pueda “inferir” en la participación de la congresista Zuleta o de cualquier aforado en algún delito, deberá entregar un nuevo informe a la Corte Suprema de Justicia.

Hay que destacar que con la compulsa de copias, la Corte Suprema de Justicia inadmitió la denuncia que llegó contra la legisladora del Pacto Histórico y una de las fichas claves del presidente Petro en Antioquia, argumentando que no se especificó “seriamente” ninguna conducta concreta que la involucre.

“Más allá de la suposición y especulación de la denunciante, no existe un elemento serio, fundado y verificable que permita considerar que la parlamentaria haya estado involucrada en algún hecho ilícito penalmente relevante”, cita el acta expedida por el magistrado Rodríguez.

Este caso empezó después de que la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla denunciara que la senadora Isabel Zuleta, supuestamente trasladaba reclusos a la cárcel de Itagüí y “permitía la comisión de hechos delictivos”. Unas alertas que, según Carrasquilla, conoció por medio de una denuncia anónima que recibió de un sindicato del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Los líos con la justicia de la senadora Zuleta

La congresista del Pacto Histórico fue denunciada el pasado 2 de julio por las presuntas irregularidades que habría cometido en el controvertido ‘tarimazo’ que protagonizó Petro con cabecillas de estructuras criminales en Antioquia.

La denuncia llegó por medio de la senadora Paola Holguín, quien argumentó que, presuntamente, Zuleta habría cometido el delito de abuso de función pública al solicitarle al Inpec el traslado de nueve peligrosos delincuentes hasta el centro administrativo de La Alpujarra, donde se reunieron con el jefe de Estado y protagonizaron un acto público que sigue generando una gran polémica entre la opinión pública.

Al Consejo de Estado también llegó una petición del abogado William Quintero para que se declare la ‘muerte política’ de la parlamentaria, por las supuestas irregularidades que cometió durante el encuentro del presidente Gustavo Petro con los cabecillas de las estructuras criminales más peligrosas de Medellín.