Primicia | Epa Colombia radicó una nueva tutela en búsqueda de su libertad definitiva

La empresaria y creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, presentó una nueva tutela en la que pide la protección de sus derechos fundamentales que considera vulnerados con la decisión que emitió en enero pasado la Corte Suprema de Justicia, al ordenar su detención para que cumpla su condena de 5 años y 8 meses de prisión.

SEMANA pudo establecer en primicia que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia admitió para su revisión dicha tutela y ordenó la recolección de diferentes conceptos, con el fin de tomar una decisión de fondo en los próximos días. La admisión está firmada por la magistrada Hilda González Neira.

En la acción judicial presentada en contra de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, la empresaria asegura que no se tuvo en cuenta su condición de madre cabeza de familia ni que había reparado económicamente a las víctimas reconocidas en su expediente judicial, situación por la cual se consideraron vulnerados sus derechos al debido proceso, la igualdad y el principio de favorabilidad.

La empresaria se encuentra actualmente en una guarnición militar en Bogotá, después de permanecer siete meses en la cárcel El Buen Pastor. Sin embargo, con esta acción de tutela pide que se le otorgue la libertad definitiva.

Para impulsar esta acción judicial, se pone de presente el reciente acuerdo económico que llegó con la empresa TransMilenio, la principal afectada con las acciones que realizó la influenciadora en noviembre de 2019, cuando destruyó, en medio de una protesta contra el gobierno de Iván Duque, la caja registradora, la talanquera y varios vidrios de la estación Molinos, en el sur de Bogotá.

En el acuerdo, anunciado el pasado 18 de septiembre, se asevera que se busca garantizar la reparación integral de los perjuicios ocasionados al Sistema de Transporte Público de Bogotá, valorados en 467 millones de pesos.

La negociación, según explicó la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, combina componentes económicos, simbólicos y de justicia restaurativa, con el propósito de promover la reconciliación y la cultura ciudadana.

Entre los compromisos asumidos por Barrera está el pago de cien millones de pesos en efectivo a favor de TransMilenio. Además, deberá participar en actividades de carácter pedagógico y social, entre ellas: ofrecer disculpas públicas a la ciudadanía, elaborar y difundir videos educativos que promuevan el cuidado del sistema y realizar labores de pedagogía y servicio social con los usuarios en estaciones y troncales.

TransMilenio resaltó que el acuerdo, que será presentado ante un juez, representa un avance en la aplicación de mecanismos innovadores de justicia restaurativa, que no solo garantiza la reparación material de los daños, sino que busca reconstruir el tejido social y fortalecer el respeto por lo público. La entidad subrayó que este tipo de salidas contribuyen a consolidar una cultura de convivencia y responsabilidad ciudadana.

Epa Colombia fue sentenciada por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines terroristas. Por este último delito, que aceptó mediante un preacuerdo, la Corte le negó cualquier tipo de beneficio citando la ley.