Primicia: Corte Suprema compulsa copias contra 11 altos funcionarios del Gobierno Petro por el escándalo de la UNGRD

SEMANA conoció en primicia que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema Justicia compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, para que inicie investigaciones penales contra 11 altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro, por uno de los mayores escándalos que ha sacudido a su gobierno: la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El caso tiene relación con la investigación que avanza contra los cinco congresistas y un exrepresentante a la Cámara, quienes integraban la Comisión de Crédito Público del Congreso, y terminaron salpicados como los supuestos beneficiarios de tres millonarios contratos de la UNGRD, para que —al parecer— emitieran conceptos favorables sobre los empréstitos de la Nación.

Así fue como terminaron investigados los congresistas Liliana Bittar, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Wadith Manzur y Juan Diego Muñoz, exrepresentante a la Cámara.

¿Quiénes son los altos funcionarios que serán investigados?

SEMANA conoció en primicia que los altos funcionarios del gobierno del presidente Petro, que ahora serán investigados por este caso, los encabeza el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien —según su exasesora María Alejandra Benavides, una de las principales testigos de la Fiscalía— le pedía que se contactara con los congresistas de dicha Comisión para que le aprobarán los empréstitos.

De hecho, la Fiscalía anunció hace pocas semanas que Bonilla iba a ser imputado por su presunta responsabilidad en los hechos de corrupción que se presentaron en la UNGRD y que habrían permeado hasta esa Comisión.

El segundo exfuncionario que ahora será investigado penalmente por este escándalo es el exviceministro de Hacienda Diego Guevara, quien también estuvo bajo la administración de Bonilla.

SEMANA reveló chats que Guevara sostuvo con María Alejandra Benavides en la época del escándalo, en los que habría evidencia de cómo recibieron aparentes órdenes del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para que compraran la conciencia de los congresistas.

“Tengo una idea de cómo manejar lo de esta tarde con la interparlamentaria. Se me ocurre que cojamos a los tigres de 4 a 4:20, que son Liliana [Bitar], Wadith [Manzur] y [Julián] Peinado, y que les digamos que son a los únicos a los que les ha salido [...]. A las 4:30, que llegue el resto de los miembros, o sea los dos de paz y Juan Diego Muñoz, y decirles lo mismo a ellos, y en esa segunda tanda también meter a [Juan Pablo] Gallo que acaba de llegar y no sabe muy bien cómo funciona”, se lee en los chats en poder de SEMANA.

Otra de las altas funcionarias del Ministerio de Hacienda que será investigada por este caso es Andrea Ramírez, la exasesora principal de Bonilla y quien se fue a una licencia de maternidad dejando a cargo a María Alejandra Benavides, hoy testigo clave de la Fiscalía en este caso y en el modelo corrupto que se habría replicado en el Invías.

A la lista se suma el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, quien ha sido salpicado por el propio exdirector de la UNGRD, Olmedo López, como el supuesto autor de un acuerdo que consiguió con el senador del Partido de la U, Julio Elías Chagüi, quien habría operado como el líder de un grupo de congresistas que aparentemente se intentaron beneficiar con un contrato en Sahagún, Córdoba.

Junto a Velasco también serán investigados el exministro de las Comunicaciones y ahora precandidato presidencial, Mauricio Lizcano; la exministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y el de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Estos —según Olmedo López— participaron en el cónclave que se desarrolló a finales de 2023, desde el que salió la “orden de los acuerdos a los que se llegaban y había que cumplir con un número importante de congresistas”, confesó el exdirector a esta revista.

Ese cónclave habría sido liderado por el entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, quien —de acuerdo con la Fiscalía— ordenó los sobornos a Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Congreso, por cuatro mil millones de pesos para aceitar las reformas del Gobierno.

A Carlos Ramón González ya lo acusaron por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación a favor de terceros; ordenaron enviarlo a la cárcel y ahora es otro de los involucrados en el escándalo de la UNGRD que terminó prófugo de la justicia, como es el caso del exdirector de Función Pública, César Manrique Soacha.

En la lista siguen el polémico Jaime Ramírez Cobo, exasesor de la jefatura de Despacho de la Presidencia y quien sería cercano a la ahora embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia; señalado de su presunta participación en la manipulación de contratos, entre ellos, los avaluados por más de 90 mil millones de pesos que iban a parar en los bolsillos de los integrantes de la Comisión de Crédito Público.

Otro funcionario del Gobierno Petro que será investigado penalmente por este escándalo es Kevin Fernando Henao Martínez, exdirector de Asuntos Legislativos del Ministerio del Interior.

Finalmente, Alba Nury Martínez Barrera, exasesora y secretaria privada del despacho del ministro de Hacienda y Crédito Público, también será investigada por este escándalo que sacude al gobierno de Gustavo Petro.