Primicia | Consejo de Estado le metió el acelerador a la demanda que pide anular la elección de Héctor Carvajal como magistrado de la Corte Constitucional

El Consejo de Estado emitirá prontamente una trascendental decisión en la demanda que busca tumbar la elección del abogado Héctor Alfonso Carvajal Londoño como magistrado de la Corte Constitucional.

En la Sección Quinta reposa desde hace varios meses una demanda que asevera que la postulación y elección de Carvajal estuvo llena de errores, hecho por el cual se debe declarar nula.

Primero que todo, se menciona que durante varios años fue abogado personal del presidente Gustavo Petro, quien lo nominó para la terna. Debido a esto, existiría un conflicto de intereses por parte del togado para estudiar las reformas gubernamentales.

A esto se le suma el hecho de que Carvajal alcanzará a la edad máxima de retiro forzoso cuando se encuentre en la mitad de su periodo en la Corte, situación que representa una clara afectación al principio de eficiencia y continuidad en el servicio.

Finalmente, se manifiesta que existió un incumplimiento en la cuota de género, pues Carvajal ocupó el despacho que dejó la magistrada Cristina Pardo Schlesinger.

SEMANA conoció un documento del Consejo de Estado en el que se dispone el trámite de “sentencia anticipada”. Esto, tras recolectar todos los conceptos de la Presidencia, la Procuraduría y del mismo magistrado ante las pretensiones de la demanda.

“Se considera que para resolver el asunto que se debate, basta con estudiar los elementos de convicción que aportaron los sujetos procesales, todos de naturaleza documental, por lo que no se advierte necesidad de celebrar audiencia inicial, ni de pruebas”, señala el documento emitido por la magistrada ponente Gloria María Gómez Montoya.

En el fallo se señala que ya se recopilaron todos los documentos necesarios para tomar una decisión de fondo.

“En este caso, no se encuentra necesario celebrar audiencia de alegaciones y juzgamiento; por lo tanto, se dispondrá que, en firme la decisión sobre las pruebas y vencido el término de traslado de tres (3) días posteriores al recaudo de las mismas, se otorgue a los sujetos procesales la oportunidad para que aleguen de conclusión por el término de 10 días”, añade la decisión.

La Presidencia de la República ya pidió rechazar las pretensiones de la demanda, al afirmar que se cumplió con la función nominal que establece la ley y la Constitución.

“Los argumentos que propone el demandante no tienen ningún valor para desvirtuar la presunción de legalidad”, precisa el Ejecutivo.

Igualmente, el magistrado manifestó que no está inmerso en ningún conflicto de intereses, pues su relación con el presidente Gustavo Petro no puede considerarse como un impedimento para estudiar los diferentes casos.

“Sobre la supuesta vulneración al principio de eficiencia, continuidad del servicio y razonabilidad en la administración de justicia por razón de la edad, afirma que su designación es para un cargo de periodo individual y personal, en el cual, las fechas de inicio y terminación han sido definidas en la Constitución o en la ley, es decir, la finalización de la designación de cada magistrado está dada a partir de la data en que se toma posesión de su empleo y culmina vencidos los ocho años”, señaló el magistrado Carvajal Londoño.