El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá Ramiro Riaño Riaño ha venido siendo noticia en el proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Primero que todo, el pasado 11 de febrero aceptó la medida cautelar solicitada en la tutela radicada por la defensa del exmandatario y ordenó suspender el trámite de la etapa de juicio hasta que no se tomara una decisión de fondo.

Cuatro días después, presentó un impedimento para seguir conociendo el caso, ya que su esposa había laborado en la Fiscalía General durante la administración de Eduardo Montealegre, una de las víctimas reconocidas en el proceso penal.

Esto llevó a que este martes fuera denunciado ante la Fiscalía General por el exfiscal general Eduardo Montealegre por el delito de prevaricato por acción.

Horas después, como pudo establecer en primicia SEMANA, la Sala Penal de la que hace parte declaró “fundado” el impedimento que presentó para seguir estudiando la tutela presentada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez en contra del Juzgado 44 de Conocimiento de Bogotá.

Con esta decisión, el magistrado que le sigue en la lista por orden de apellido asumirá el conocimiento del caso y definirá —tras evaluar varios conceptos— si admite o no las pretensiones de la acción de tutela que pide proteger los derechos al debido proceso y administración de justicia del exmandatario.

Cualquiera que sea la decisión, las partes podrán presentar una impugnación, la cual tendrá que ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia.

El impedimento del magistrado

En la tarde del pasado viernes, como estableció SEMANA, el magistrado Riaño postuló su impedimento ante sus compañeros. En el documento advirtió que existe un conflicto de competencias para conocer este caso.

“Al advertir tal situación, debo acudir a lo expuesto en el art. 56.1 de la Ley 906 de 2004, norma aplicable para el trámite de la tutela, según el artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, y plantear mi impedimento para continuar con el conocimiento del presente asunto, comoquiera que mi compañera permanente Luz Adriana Gutiérrez Mejía fue nombrada en el año 2013 como fiscal local en provisionalidad en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, época para la cual el Dr. Montealegre Lynnet se desempeñaba como fiscal general de la Nación y, en tal calidad, realizó su nombramiento”, señala uno de los apartes del impedimento.

El magistrado Riaño advirtió que con el fin de evitar cualquier cuestionamiento sobre la imparcialidad en la decisión respecto a la tutela interpuesta por la defensa de Uribe Vélez, optó por dar un paso al costado para seguir conociendo del caso.

“Por tanto, ante esa circunstancia, en este momento, a raíz del estudio del memorial por él presentado, evalué la posibilidad de que se configura la aludida causal de impedimento que me lleva a plantearla y a apartarme de la discusión y decisión que se adopte en este asunto, para evitar cualquier cuestionamiento sobre la no imparcialidad como juez que es, precisamente, el tema que se discute y origina la recusación, que motiva la tutela”, enfatizó el magistrado.