De la Espriella presenta demanda contra el ‘decretazo’ del presidente Petro. Pide medidas cautelares para suspenderlo de inmediato

La decisión del presidente Gustavo Petro de pasar por encima del Congreso de la República y echar a andar la consulta popular de un plumazo, vía decreto, fue demandada ante el Consejo de Estado por el abogado penalista Abelardo de la Espriella.

En la demanda se solicita, de forma urgente, dictar medidas cautelares para que se suspenda inmediatamente el Decreto 0639.

En el documento de 16 páginas, el abogado sustenta, entre otros argumentos, que el ‘decretazo’ viola el artículo 104 de la Constitución, en el que para la aprobación de la consulta popular debe existir aprobación del Senado.

“El presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La decisión del pueblo será obligatoria. La consulta no podrá realizarse en concurrencia con otra elección”, reza la Constitución.

Con este argumento, expone el abogado De la Espriella en la demanda que, “la convocatoria a la consulta popular fue votada en sesión plenaria del 14 de mayo de 2025, dando como resultado la emisión de un concepto desfavorable por el Senado de la República, desvirtuando así la posibilidad de convocar dicho mecanismo de participación ciudadana”.

Argumenta el penalista que el ‘decretazo’ puede revestir un acto de concentración del poder Ejecutivo, al reducir la transparencia y la participación democrática e institucional en decisiones de gran impacto para el pueblo colombiano.

Para De La Espriella, con la firma del bolígrafo presidencial del decretazo, también se está violando la separación de poderes.

“El Senado está constituido para cumplir una función de control político sobre el Ejecutivo, en este caso, para emitir su concepto previo y favorable sobre la convocatoria a la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana. Así las cosas, el decreto objeto de la demanda carece de este requisito sine qua non, lo que contraviene el principio de control democrático sobre el Ejecutivo”, explica la demanda radicada ante el Consejo de Estado.

Entre los argumentos que estudiará el Consejo de Estado está que el decreto fue expedido “mediante falsa motivación”.

“Al haber sido expedido el decreto demandado de forma irregular, específicamente al contar con un vicio de procedimiento, se tiene que si bien el decreto presenta una motivación a manera de ‘considerandos’, los motivos por los cuales la ley autoriza su adopción realmente no ocurrieron, y en ese sentido se presenta una falta de motivación”, advierte De la Espriella.

Frente a la solicitud de medida cautelar para que se congele de forma inmediata el ‘decretazo’, De La Espriella la justifica al advertir que lo hace, “en virtud de lo dispuesto por los artículos 229 y 230 de la Ley 1437 de 2011, en relación con la medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, se señala que esta puede ser solicitada en la demanda o en cualquier estado del proceso”.