Por tráfico de migrantes fueron capturados cinco policías

El flagelo del tráfico de migrantes sigue golpeando a miles de personas que utilizan a Colombia como país de tránsito para llegar a Estados Unidos o Europa. Detrás del movimiento migratorio se esconden graves situaciones de carácter penal que afectan la integridad humana.

En Colombia, constantemente, se desarrollan acciones contra quienes buscan aprovecharse manera ilegal de las necesidades de los migrantes. Es así, como en las últimas horas fueron capturados cinco policías que, al parecer, hacían parte de una red de tráfico de migrantes en el departamento de Nariño.

La confirmación de las capturas la entregó el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, quien además indicó que dos civiles también fueron detenidos. “Nadie puede tener un vínculo con la ilegalidad, nosotros combatimos la ilegalidad, no la promovemos (...) También han sido capturados fiscales, algunos miembros de la rama oficial, incluso alcaldes, policías”, dijo el ministro de Defensa.

Es de anotar que a inicios del 2025, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia y el Ejército Nacional, capturaron a nueve personas señaladas de pertenecer a una organización criminal transnacional dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y al tráfico de migrantes.

Las detenciones las llevaron a cabo en la ciudad de Ipiales, en Nariño, y el municipio de Andalucía, en el departamento de Valle del Cauca.

Según las investigaciones adelantadas por los agentes de inteligencia, esta red criminal captaba mujeres en la ciudad de Bogotá mediante ofertas laborales engañosas, prometiendo empleo como camareras en Perú, con un salario equivalente a 27 dólares diarios.

A las víctimas se les ofrecían pasajes y viáticos, que luego debían pagar en cuotas una vez iniciaran su supuesto trabajo. Sin embargo, al llegar a su destino, las mujeres eran trasladadas a la ciudad de Constitución, en una zona selvática de difícil acceso, donde eran retenidas y obligadas a ejercer la prostitución sin recibir remuneración alguna.

La organización las intimidaba y amenazaba, impidiéndoles regresar a sus hogares hasta saldar una deuda inicial de más de 5.000 dólares, la cual aumentaba constantemente por multas impuestas por la red.

Adicionalmente, informaron desde la Policía que la organización criminal también enviaba migrantes de nacionalidades cubana, china, haitiana y venezolana desde Ipiales hacia Necoclí, Antioquia, en buses de turismo. Desde allí, los migrantes continuaban su viaje hacia Estados Unidos.

Las autoridades, tras labores de inteligencia, lograron identificar e individualizar a los presuntos miembros de esta red. La Fiscalía General de la Nación emitió nueve órdenes de captura, ejecutadas mediante cinco diligencias de registro y allanamiento.