Por “enemistad grave” las víctimas de la UNGRD recusaron a la fiscal Luz Adriana Camargo

La Fiscalía logró que los principales protagonistas en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres aceptaran su responsabilidad, por lo menos quienes firmaron y tramitaron los sobornos a través de los contratos en la UNGRD. Sin embargo, de línea ascendente, de altos funcionarios y políticos involucrados, es poco lo que se sabe.

Justamente ese era un capítulo que pretendía desenredar Sandra Ortiz, la exconsejera para las Regiones del presidente Gustavo Petro. Ella pidió pista para convertirse en testigo de la Fiscalía, pero terminó capturada, imputada y acusada por este escándalo. El ente acusador desestimó la información en poder de Ortiz y negó el principio de oportunidad que pidió la exfuncionaria.

Incluso, la fiscal a cargo del proceso aseguró en una improvisada rueda de prensa, a las afueras de un baño en el búnker de la Fiscalía, que Sandra Ortiz estaba chantajeando al ente acusador y que, en tal sentido, no iban a “ceder” a las pretensiones de la exconsejera a cambio de información que consideraron “confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas”.

La Red de Veedurías Ciudadanas radicó la recusación en contra de la fiscal Luz Adriana Camargo, en el mismo despacho de la fiscal. Un documento con el resumen y los detalles que, según el abogado Pablo Bustos, se convierten en el soporte probatorio para que la fiscal Camargo se aparte del proceso de la UNGRD y se designe un fiscal ad hoc en este caso.

“La vinculación procesal de personas que guardan relación directa o indirecta con personas cercanas e integrantes del Gobierno nacional, que efectuó la imputada Sandra Ortiz, en su calidad de exconsejera presidencial, que denota especial relevancia en su cuestionada postulación a título de ternada, para su elección como tal y con relevancia en tal designación a servidores públicos”, señala la recusación contra la fiscal.

El abogado Pablo Bustos, en la recusación, explica que entre la fiscal Luz Adriana Camargo y el magistrado Vladimir Fernández existe cierta cercanía, pues mientras el segundo era secretario jurídico de la Presidencia, la primera, fue ternada por la misma Presidencia y los dos terminaron en cargos de elección, Vladimir como magistrado y Camargo como fiscal.

“La cercanía de la señora fiscal general de la nación harían explicable e insólito y, por qué no decir, “caprichoso” el manejo de los principios de oportunidad e instrumentación de la Fiscalía General de la Nación frente al macrocaso de corrupción y en particular de los preacuerdos y principios de oportunidad, que son del resorte de responsabilidad funcional directa de la misma fiscal general, pese a los mecanismos de delegación que se hayan sometido formalmente”, advierte la recusación.

Del capítulo anterior, salta la otra causal de recusación contra la fiscal Camargo. Lo que advierte la Red de Veedurías, una “enemistad grave” de la jefe del ente acusador con la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz. Las declaraciones y comunicados para desestimar la información que espera entregar la exfuncionaria y que vincula a Vladimir Fernández, se convierte en un asunto que la Fiscalía descartó de plano, en criterio del abogado Pablo Bustos.

“La señora fiscal general ha decidido no otorgar el principio de oportunidad sin fundamento objetivo alguno y, en últimas, cerrar el paso a cualquier posibilidad de colaboración con la justicia a la citada exconsejera Sandra Ortiz, pese a que esta —y su defensa técnica— ha expresado públicamente —de manera reciente— su deseo de así efectuarlo”, señala la recusación.

La recusación, que incluye al vicefiscal Gilberto Guerrero, será resuelta por la misma fiscal y de negarse, de acuerdo con el abogado Pablo Bustos, la discusión tendrá que llegar a la Corte Suprema de Justicia que, de resultar positiva, deberá nombrar un fiscal ad hoc.