Por corrupción en contratos para manejar la pandemia del covid-19, la Fiscalía acusó al exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco

En otro proceso que adelanta la Fiscalía en contra exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, el ente acusador tomó la determinación de formular una acusación por delitos relacionados con hechos de corrupción con hechos de corrupción.

Investigan su presunta participación en el direccionamiento de contratos para el suministro de mercados para población vulnerable en el departamento con ocasión de la pandemia de la covid-19. “Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al exgobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros”, dijo la Fiscalía.

Lo que advierte la Fiscalía, luego de recuperar los elementos de prueba, es que el entonces gobernador utilizó como excusa la emergencia de la pandemia para firmar millonarios contratos que supuestamente llevarían alimentos a niños en diferentes zonas del departamento, pero esos contratos, incluso en la emergencia, no cumplieron los requisitos legales.

“Los elementos de prueba indican que el exmandatario habría aprovechado la emergencia social y económica decretada por el Gobierno nacional con ocasión de la pandemia del covid-19, para celebrar 23 contratos para el suministro de 73.500 kits alimentarios para población vulnerable del departamento, en marzo de 2020″, advirtió la Fiscalía.

Previamente, la Fiscalía hizo una imputación de cargos y allí presentaron los elementos de prueba en contra del exgobernador. Insisten que fue él quien estuvo atento a la firma y adjudicación de los millonarios contratos, direccionados de manera exclusiva a ciertos proponentes y por casi 10,000 millones de pesos.

“Para los fines contractuales delegó a la secretaria general de la Gobernación, pero siempre estuvo al tanto del proceso licitatorio. En ese sentido, se le atribuye el posible direccionamiento irregular de la contratación de los paquetes alimentarios, por un valor de 9.000 millones de pesos”, dijo el fiscal durante la formalización de la acusación.

En el curso de la audiencia, la Fiscalía explicó de manera detallada cuáles fueron las irregularidades que detectaron en la firma de los contratos. Se incumplieron los requisitos mínimos para la adjudicación y se burlaron de la ley, aprovechando la emergencia que provocó la covid-19, mientras se excusaban en cubrir las necesidades básicas de la población.

“En el curso de la investigación se conoció que no existió un adecuado estudio de mercado para establecer el costo real de cada kit. Es así como se impuso arbitrariamente un valor unitario de 126.600 pesos, sin atender factores de calidad, cantidad y lugar donde iban a ser entregados. De esta manera, al parecer, fueron vulnerados los principios de transparencia, selección objetiva y economía”, señaló el ente acusador.

Con la acusación, la Fiscalía espera llevar a juicio al exgobernador y en ese escenario, entregar las evidencias que demuestren su responsabilidad en los hechos investigados y así mismo, obtener una condena en su contra.