Policía “vulneró derechos” de la esposa de alias Castor, por eso la dejaron en libertad

En un solo día, la esposa de alias Castor, cabecilla de la organización criminal de los Costeños, pasó de capturada a liberada. La Policía llegó a su casa en Barranquilla y, en medio de allanamiento, al parecer, se vulneraron derechos de dos niños y varios familiares de la mujer que esperaban capturar.

Minutos después del allanamiento, que permitió la captura de la mujer, se conocieron las primeras imágenes. La mujer aparece esposada y saliendo de los juzgados de la capital del Atlántico, tratando de ocultar su cara con su propio cabello. Dos agentes de la Dijin la desfilaron por la calle, en medio de carros, transeúntes y vendedores informales.

La llevaron hasta la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Barranquilla para adelantar los actos de verificación correspondientes, alistar todo para las audiencias preliminares de legalización de captura e imputación de cargos, pero no fue posible llegar a la primera de esas diligencias —quizá la más sencilla— porque, según fuentes de la Fiscalía, estaba condenada al fracaso.

La fiscal que recibiría el caso se percató de “inconsistencias en la captura” y advirtió que el procedimiento adelantado por la Dijin de la Policía terminó afectando los derechos fundamentales de la procesada y otras personas que estaban en la vivienda en el momento del allanamiento.

La funcionaria hizo las advertencias de rigor, verificó la información y logró establecer que las actividades desplegadas, aunque autorizadas por la autoridad correspondiente, se desarrollaron de forma incorrecta y derivó en lo que ahora se advierte como un procedimiento alejado de los parámetros que establece la ley para operativos de captura.

Al parecer, los funcionarios de la Policía llegaron a la vivienda, rompieron las puertas y, aparte de capturar a Dinelis Ruiz Polanía, se llevaron dos menores de edad, a pesar de que en el mismo sitio se encontraba la abuela de los niños. Además, denuncian que se perdieron elementos de valor.

De ahí que la fiscal ni siquiera presentó ante los jueces de control de garantías a los procesados: no estaba el soporte de un procedimiento adecuado y, en su criterio, era casi seguro que los jueces no avalarían dicho operativo, y ahí el problema sería para el funcionario de la fiscal que dejara pasar por alto las arbitrariedades.

“En ese sentido, ante la inviabilidad y carencia de legalidad en el actuar de algunos funcionarios que ejecutaron los procedimientos, se dispuso la libertad inmediata de los detenidos, pues a todas luces no se superaría el control posterior de un juez de control de garantías”, señalaron fuentes cercanas al proceso.

La defensa de la mujer y de las personas que fueron capturadas advirtió la arbitrariedad que se desarrolló en el procedimiento de la Policía. Este hecho es muy significativo, pocas veces la captura de un grupo de personas se cae en el mero control que hacen los fiscales del caso antes de llegar al juez de garantías. “Se le pone freno a las arbitrariedades en esta clase de procedimientos”, señalaron algunos abogados.