Polémica en la Corte Constitucional por el concepto que le dijo ‘no’ a la consulta popular de Petro por decreto

Toda una polémica se acaba de armar al interior de la Corte Constitucional, después de que la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, reveló una respuesta que le dio el mismo alto tribunal a un derecho de petición que envió sobre la insistencia del Gobierno para presentar de nuevo la consulta popular ante al Congreso o convocarla por decreto.

Todo empezó cuando la congresista publicó la respuesta a la solicitud de información que hizo sobre la posibilidad de que el Gobierno volviera a presentar la consulta popular, cuando el Senado de la República ya dio un concepto negativo sobre esa iniciativa.

La respuesta de la Corte fue puntual: “El concepto previo y favorable del Senado, previsto en el artículo 104 de la Constitución, es condicionante de la competencia presidencial. La negativa o el silencio del Senado agotan la iniciativa; no existe vía alterna de insistencia”.

Pero lo curioso del documento es que iba firmado por María Camila Vásquez Bohórquez, identificada como auxiliar judicial número 2 de la Corte Constitucional, lo que dejó en evidencia que ese documento no fue emitido por ningún magistrado ni por la Sala Plena de ese alto tribunal.

Sin embargo, el concepto desató una polémica enorme que despertó la reacción del ministro del Interior, Armando Benedetti: “La Corte Constitucional se expresa a través de fallos de constitucionalidad en su Sala Plena, no a través de la auxiliar, de la auxiliar 2, de la relatoría”.

La reacción de la Corte Constitucional

Con toda la polémica encima, la Sala Plena de la Corte Constitucional emitió un comunicado en el que explicó que no ejerce funciones consultivas, ni emite opiniones de ninguna naturaleza, pero además, advirtieron que la funcionaria que dio esa respuesta “extralimitó” sus funciones.

“La relatoría de la Corte no tiene a su cargo responder consultas u opiniones y mucho menos adoptar decisiones de ninguna naturaleza. En ese sentido, la respuesta emitida por una servidora judicial de la Corte a una petición relacionada con la consulta popular (...) constituyó una extralimitación de sus funciones, que no compromete la posición oficial de la corporación”, detalla el comunicado.

Lo más grave es que ahora María Camila Vásquez Bohórquez, la auxiliar judicial número 2, podría terminar en una investigación disciplinaria para aclarar lo que sucedió en este caso. Así mismo, la Corte hará una revisión de los procedimientos internos después de esta enorme polémica que se desató alrededor de la consulta popular.