Nación
Polémica en concurso para escoger notarios, uno de los cargos más apetecidos del Estado. Hay denuncias
El nuevo concurso de méritos para proveer notarías en propiedad en Colombia fue denunciado ante la Procuraduría y el Ministerio de Justicia.
El concurso de méritos para elegir notarios ha estado marcado por la polémica. El proceso que busca fortalecer la transparencia y garantizar que los cargos se adjudicaran con base en el mérito generó una dura división entre los integrantes del Consejo Superior de la Carrera Notarial (CSCN) por posibles irregularidades.
En una comunicación enviada el 19 de agosto al Ministerio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría, por primera vez en la historia dos miembros del CSCN presentaron su renuncia al órgano colegiado ante las posibles irregularidades y falta de transparencia.
Según conoció SEMANA, El Acuerdo 01 de 2025, base para la elección de estos cargos, ha sido sometido a modificaciones que están siendo cuestionadas y advierten que “más allá de buscar la transparencia para los más de 18.000 ciudadanos interesados, las modificaciones parecen encaminadas a acelerar de manera sospechosa el concurso afectando las garantías de quienes concursan por estos cargos.
El asunto no es de poca monta, pues entre los miembros del CSNC están Eduardo Montealegre, ministro de Justicia; Gregorio Eljach, procurador general de la Nación; Luis Alberto Álvarez, presidente del Consejo de Estado; Octavio Augusto Tejeiro, presidente de la Corte Suprema de Justicia; y Roosvelt Rodríguez, superintendente de Notariado y Registro.
Señala la denuncia que el Acuerdo 01 de 2025 le otorgó a la Universidad Libre, encargada de realizar el concurso, la facultad de resolver reclamaciones en momentos clave del proceso: la lista preliminar de admitidos, la calificación de la prueba escrita y la entrevista.
Se trata, según la denuncia que generó incluso la renuncia de miembros del CSNC, de que “los aspectos centrales del concurso quedaron por fuera de la órbita del Consejo”. La advertencia es que el Consejo Superior de la Carrera Notarial, con esta decisión, habría dejado en manos de la Universidad Libre decisiones y disposiciones que solo le competen al CSNC.
Uno de los asuntos que más llama la atención y que genera críticas por un posible direccionamiento de los nombramientos de los nuevos notarios, es que con la modificación son prácticamente nulos los mecanismos de defensa para los concursantes.
La carta denuncia que el único acto susceptible de recurso es el que contiene la lista de elegibles, pero con una limitación que lo hace prácticamente inocuo: solo puede reclamarse por razones distintas a las etapas previas. En palabras de los expertos, el recurso quedó “vaciado de contenido”, pues no permite discutir las decisiones más trascendentales del proceso.
En palabras simples —señala la denuncia— el Consejo Superior de la Carrera Notarial, que debía ser el órgano encargado de garantizar la imparcialidad y la transparencia en el concurso, dejó en manos de la universidad contratada la capacidad de decidir sobre controversias. Es decir, dicta la última palabra.
Al respecto, Andrés Felipe Zambrano, abogado experto en derecho administrativo y cercano a las acciones que se han promovido frente al concurso advierte que “el concurso fue financiado con recursos del Fondo Cuenta Especial del Notariado (FCEN), destinados legalmente a subsidiar notarías vulnerables en Colombia. Desviar estos recursos a un concurso masivo viola el principio de legalidad del gasto público y puede afectar la sostenibilidad de las notarías más débiles”.
Además, advierte la denuncia, la financiación del concurso “podría costar más de 37.000 millones de pesos, mientras que solo se apropiaron poco más de 8.000 millones. Esta subestimación presupuestal deja en evidencia una planeación deficiente que puede generar sobrecostos”.
Estos factores, que califica como graves, pueden anticipar una avalancha de demandas contra el concurso, generando inseguridad jurídica en la carrera notarial, pues “arrastra un historial de procesos cuestionados y anulados”.
El último concurso notarial se realizó en 2015 y su lista de elegibles perdió vigencia en 2018, dejando decenas de notarías en interinidad. Este nuevo proceso buscaba poner fin a esa provisionalidad, pero comenzó envuelto en dudas sobre su legalidad y legitimidad.
La renuncia histórica de miembros del Consejo Notarial se convierte en la advertencia de un “concurso diseñado a espaldas del organismo rector, con cambio reglas que abre la puerta a irregularidades” en la elección de los apetecidos cargos de notarios.
