Pablo Bustos anuncia acciones legales para determinar quiénes estarían detrás de frenar licitación de Megabús en Pereira

En la ciudad de Pereira todos los ojos están puestos sobre la licitación para implementar el nuevo sistema de recaudo del sistema de transporte masivo del área metropolitana de la ciudad.

Por esa razón, la empresa Megabús expidió un comunicado donde se asegura que todo el proceso, desde su estructuración hasta la adjudicación, cuenta con supervisión de las autoridades competentes y con “estricto apego al marco legal vigente”.

“A lo largo del proceso, se ha privilegiado la publicidad, la participación plural de oferentes y el acceso a la información, como garantía para todos los actores involucrados y la ciudadanía, dice un comunicado de la Alcaldía de Pereira.

El secretario General de Megabús Pereira, Guillermo Fletcher Vivas, aseguró que varias decisiones judiciales han respaldado la legalidad del proceso y explicó que el proceso se ha querido entorpecer desde hace algunas semanas.

Por esa razón, el director de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, se metió en este tema y reveló que acudirá a acciones legales por presuntas maniobras irregulares de Recaudos Integrados S.A.S. para frenar licitación de modernización del sistema Megabús en Pereira.

“La Red de Veedurías Ciudadanas, en defensa de los usuarios del sistema Megabús en Pereira, rechaza con firmeza los intentos de sectores interesados en frenar, deslegitimar o instrumentalizar indebidamente el proceso licitatorio público MBLP001-2025, mediante el cual Megabús S.A. busca modernizar el servicio de recaudo tarifario”, dijo Bustos.

Agregó: “Detrás de esta ofensiva jurídica y mediática se encontraría su único beneficiario: la empresa Recaudos Integrados S.A.S., que ha operado durante más de 20 años el sistema de recaudo, incluso con el contrato vencido desde hace dos años, y que hoy recurre a argucias legales, dilaciones procesales y presiones indirectas para mantenerse en el sistema sin licitación alguna.

Bustos aseguró que se acudirá a la Fiscalía General de la Nación para que, según él, se pueda establecer presuntas responsabilidades en este caso.

“Resulta preocupante que, en virtud de esta estrategia, el operador actual Recaudos Integrados S.A.S. y sus aliados pretendan instrumentalizar a entidades del Estado, como la Secretaría de Transparencia, para poner en duda un proceso licitatorio que ha sido validado en distintas instancias judiciales, entre ellas la Sentencia de Tutela 254 de 2025 y el Auto 1105 del 16 de junio de 2025″, señaló.

Según Bustos, las “maniobras” buscan impedir la firma del contrato “válidamente adjudicado que pretende la mejora de la calidad del servicio, como su modernización, y cuya dilación afecta directamente el derecho de los ciudadanos a contar con un sistema de transporte eficiente, actualizado y transparente, poniendo en riesgo la estabilidad financiera del sistema de transporte público”.