¿Operación impunidad? Los escándalos que comprometen a figuras del Gobierno Petro podrían quedar en nada. Una polémica decisión de la Fiscalía enciende las alarmas

Una resolución firmada por uno de los hombres de confianza de la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, se convirtió en una papa caliente que tiene encendidas las alarmas en la entidad por el riesgo de impunidad en el que quedarían sonados expedientes de relevancia nacional. En diálogo con SEMANA, los propios funcionarios advirtieron que, con la excusa de llevar la Fiscalía a las regiones, se pretende “engavetar” los procesos de mayor complejidad que enredan precisamente a funcionarios de primer nivel del presidente Gustavo Petro.

El problema radica en la Resolución 0101, firmada por el delegado contra la criminalidad organizada, Raúl Humberto González, el pasado 13 de junio. Esa delegada reúne a direcciones como narcotráfico, derechos humanos, justicia transicional, investigación, cibercriminalidad, recursos naturales y la Dirección contra la Corrupción, donde reposan los procesos contra los alfiles del Gobierno Petro.

Allí están, por ejemplo, las investigaciones contra Laura Sarabia (próxima embajadora en el Reino Unido); el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; el ministro del Interior, Armando Benedetti, y los oficiales enredados en el escándalo de las chuzadas y los polígrafos irregulares y arbitrarios contra la niñera Marelbys Meza. Se trata de expedientes escandalosos que han ocupado titulares de prensa durante los últimos tres años.

Sin embargo, estas investigaciones sensibles, lejos de ser priorizadas, serán nuevamente repartidas. Algunas de ellas estaban cerca de decisiones de fondo y, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía, podrían quedar “sepultadas en prescripciones y vencimientos de términos”.

Recientemente, a los fiscales les llegó un correo bajo el asunto ‘Alistamiento de carpetas por reorganización y redistribución de carga’. Allí se advierte que, en virtud de la Resolución 0101, en los próximos días se hará la redistribución de los procesos en cada despacho. Por eso les pidieron a los fiscales alistar las respectivas carpetas de sus expedientes con todos los elementos de prueba.

Un correo enviado a los fiscales, conocido en exclusiva por SEMANA, habla de “dar cumplimiento al Direccionamiento Estratégico 2024-2028 ‘Experiencia e Innovación’ al servicio de la justicia”. Y, al citar la polémica resolución, pone de presente el “proceso de reorganización que cursa en la Dirección Especializada contra la Corrupción”, por lo que “se prevé que en los próximos días se realice de manera automática y aleatoria la redistribución de la carga asignada a su despacho”, en referencia a cada investigador.

En ese inventario están asuntos en los que el país exige una respuesta eficaz de la Justicia y condenas ejemplarizantes. Por ejemplo, las investigaciones que nacieron con el escándalo de Diego Marín, alias Papá Pitufo, el llamado zar del contrabando de Colombia, y las irregularidades en la campaña presidencial de Petro, que enredan al actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Este último caso, según las fuentes de la Fiscalía, puede terminar engavetado mientras el nuevo fiscal, en caso de ser relevado, entiende el proceso, lo estudia a fondo, verifica las pruebas e inicia en firme sus actuaciones. Todo esto ocurre, además, cuando falta menos de un año para el fin del Gobierno de Gustavo Petro.

En el expediente contra Papá Pitufo, revelado por SEMANA, se indican los vínculos que tendría Marín con funcionarios de la Dian, investigadores de la Policía Fiscal y Aduanera e integrantes de la campaña presidencial que llevó a Petro al poder en las elecciones de 2022.

Colombia ya pidió en extradición a alias Papá Pitufo, quien permanece en Portugal, y dicho trámite fue aprobado, pero aún falta un largo camino para que eso se concrete. En Colombia, la fiscal del caso fue cambiada y, después de resolver algunas nulidades, está pendiente la acusación formal con el fin de lograr una condena contra el señalado contrabandista. Sin embargo, con la nueva movida que alista la Fiscalía, habría un nuevo revés.

Otros casos que quedarían en el limbo son las polémicas interceptaciones y las pruebas de polígrafo ilegales contra Marelbys Meza, denunciadas por SEMANA, luego del robo de una maleta con dinero y documentos reservados de Laura Sarabia en 2023, época en que se desempeñaba como jefa de gabinete de Petro.

Marelbys Meza fue señalada, perseguida, sometida e interceptada ilegalmente por orden de la Presidencia, según confesaron los policías condenados por este escándalo.

La Fiscalía ya logró probar que a Marelbys Meza, por esa orden presidencial, la convirtieron falsamente en una cabecilla del Clan del Golfo para poder incluirla en unos informes judiciales y así interceptar sus comunicaciones. Policías de la Sijín en Bogotá involucrados en esta trama aceptaron su responsabilidad, fueron condenados y le contaron a la Fiscalía cómo altos mandos ordenaron que, de cualquier forma, se tenía que dar con el paradero de la maleta hurtada a Sarabia. Otros policías están pendientes de un juicio y recientemente se conocieron nuevas imputaciones.

En el caso de Marelbys Meza, además, están las pruebas ilegales de poligrafía. En este proceso están sindicados la excanciller Laura Sarabia y el coronel Carlos Feria, ex jefe de seguridad del presidente Petro, quien fue expulsado de Estados Unidos en julio pasado y no pudo ejercer como agregado de la Policía en la Embajada de Colombia en Washington. En el caso de Sarabia, el proceso ha saltado de la delegada ante la Corte Suprema de Justicia a anticorrupción, y no se conocen mayores avances, más allá de que se advirtió de una eventual imputación de cargos en su contra.

El coronel Feria, por su parte, tiene una imputación y se espera que, luego de resolver un conflicto de competencias, se pueda avanzar en su acusación, el juicio y una eventual condena al ser el responsable directo de la seguridad presidencial, la misma que llevó hasta unos sótanos a Marelbys Meza frente a la Casa de Nariño.

El riesgo de impunidad por el revolcón que se alista en la Fiscalía impactará también a aquellas investigaciones relacionadas con las presuntas irregularidades en la campaña presidencial de Petro. Esos casos estaban en la Dirección contra la Corrupción, donde se abrieron varias líneas de investigación por los aportes en especie que salieron de la pirámide de criptomonedas conocida como Daily Cop, que estafó a miles de colombianos, y la entrega de dineros de Fecode.

Petro dijo en sus redes sociales que el fiscal a cargo hizo una serie de actuaciones que, a su juicio, estaban por fuera de las competencias del investigador. Declaraciones, inspecciones y algunas actuaciones de este expediente quedaron en evidencia en la cuenta de Petro en X.

En este caso aparece salpicado Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, quien fue el gerente de la campaña. A pesar de las actuaciones, hasta la fecha no se conocen mayores detalles o resultados de las investigaciones. Fuentes del búnker de la Fiscalía dicen que la etapa de indagación está cerrada y que eran inminentes las decisiones que podrían enredar al actual presidente de la estatal petrolera. Ahora la duda es qué pasará por cuenta de la polémica Resolución 0101 que podría darles un giro de 180 grados a los expedientes.

Un problema

Los fiscales que hablaron con SEMANA señalaron que asumir investigaciones que comprometan asuntos del Gobierno Petro se convirtió en un problema en la entidad.

“La reorganización es una cortina de humo para meterse en las investigaciones y romper la independencia de los fiscales. Ahora nadie se atreve a tomar decisiones”, explicaron los fiscales tras advertir que los preacuerdos o principios de oportunidad quedarán suspendidos.

La resolución aún no se ha hecho oficial entre todos los funcionarios, aunque algunos dicen que en direcciones como la de narcotráfico los cambios ya se iniciaron hace algunos días.

Investigadores del área de narcotráfico que hablaron con SEMANA, y pidieron la reserva de su identidad para evitar represalias, reconocieron la gravedad de lo que está ocurriendo: “Sacaron a más de 40 personas, pero en la Dirección de Corrupción empiezan a sacar gente este lunes. Las investigaciones son enviadas a las regiones y allí nombran a otros fiscales con menos experiencia. Insisten en que es una necesidad del servicio, y nombran a quienes pueden usar para tapar”.

En la llamada “regionalización” de la Fiscalía, se les ordenó a los fiscales redactar informes de entrega de los expedientes, un inventario de cada despacho y un proceso de transición en el que los encargados de las investigaciones se convertirán, por 30 días, en funcionarios de apoyo. En otras palabras, quienes lideraron estos procesos y conocen al detalle los hechos se van a convertir, por cuenta de esta resolución, en meros espectadores.

De acuerdo con el documento conocido por SEMANA, se hará un “reparto aleatorio” en la ciudad o municipio de los hechos. Ese será un criterio para asignarlos a otros despachos, supuestamente bajo “una distribución eficiente, equitativa y territorialmente adecuada”.

Lo llamativo es que muchos de esos casos habían salido de las regiones a Bogotá, pues justamente en las zonas donde se dieron los hechos criminales había una gran posibilidad de que la Justicia fuera cooptada por clanes mafiosos y corruptos, como ha ocurrido tantas veces.

“Reasignar los expedientes sin otro argumento que la regionalización, en términos prácticos, es torpedear las investigaciones. Llevará a vencimientos de términos y a prescripciones, porque son procesos con meses, algunos años en los despachos y, de un momento a otro, un nuevo fiscal tendrá que asumirlos”, señaló un investigador a SEMANA.

En la polémica Resolución 0101, el delegado contra la criminalidad organizada deja en claro que la fiscal Luz Adriana Camargo tiene la facultad de “asumir” directamente las investigaciones en el momento en que quiera, como también “asignar y desplazar” a los funcionarios de la entidad, una majestad que, aun cuando está explícita en la Constitución, puede romper con el criterio de autonomía de los fiscales, según advierten algunos de ellos.

Los funcionarios con los que conversó SEMANA señalan que esa resolución no solo atenta contra la autonomía de los fiscales, sino que contradice los criterios que la misma entidad dispuso para atender casos de impacto nacional, principalmente los relacionados con corrupción. Estos casos complejos se concentran en Bogotá para garantizar que los fiscales no resulten afectados por temas de seguridad o permeados por los procesados.

No obstante, en la Fiscalía sostuvieron que la “regionalización” es la respuesta a un diagnóstico ordenado por la fiscal Camargo, que estableció que la carga para algunos fiscales en las regiones es superior si se compara con lo que ocurre en grandes ciudades. Además, señalaron que los avances en algunas investigaciones no eran significativos y, por lo tanto, no se justificaba mantener esa exclusividad.

El documento de la Fiscalía señala que el propósito es articular el trabajo de los funcionarios y lograr “impactos integrales” en crimen organizado, medioambiente, violación de derechos humanos, derecho internacional humanitario, cibercriminalidad, narcotráfico, justicia transicional y corrupción. Pero otra cosa distinta creen algunos curtidos investigadores a cargo de expedientes sensibles que impactan al Gobierno Petro. Este proceso de reorganización incluye cinco regiones y las 32 seccionales de todo el país.

“Todo está cuadrado”

“Esto está caliente por acá”, expresaron funcionarios de la Fiscalía frente a lo que está pasando. Confirmaron que las otras direcciones tienen presencia en todas las seccionales del país y, por lo tanto, el argumento de la “regionalización” pierde toda la validez.

En la Dirección contra la Corrupción aseguraron que el actual encargado, Justino Hernández Murcia, les advirtió que los traslados y la reasignación de los procesos son inminentes. “En las reuniones, el director dice que en la Fiscalía están preparados para las tutelas que se presenten por cuenta de los traslados de los funcionarios, que todo está cuadrado para asegurar la reorganización y mover un importante número de fiscales a las regiones”, señalaron las fuentes a SEMANA.

“Trasladar a los fiscales y reasignar las carpetas atenta contra los pilares que la misma fiscal Camargo prometió construir al inicio de su administración, como que un fiscal asuma los expedientes en todas las etapas del proceso. Ahora nadie se atreve a tomar decisiones”, explicaron los fiscales a SEMANA.

Otro problema con la reorganización es que los traslados de fiscales golpean la estabilidad familiar. Muchos son padres o madres cabeza de hogar y, en el propósito de cambiar de “estrategia” en las investigaciones, se terminan separando familias. A eso se suma el riesgo de asumir casos en las regiones con las complejidades que estaban superadas gracias a los estudios y análisis que se hicieron en otras administraciones.

“La Fiscalía hace años superó ese problema de tener a los fiscales en las seccionales investigando a los políticos en esas regiones, lo que representaba un riesgo en materia de seguridad o que los implicados interfirieran en las investigaciones. Era una garantía que esta resolución pretende eliminar”, señalaron los funcionarios.

La fiscal Camargo está en el ojo del huracán. Además de este revolcón, el país está a la expectativa del esclarecimiento del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En la llamada justicia premial, la Fiscalía debe hacer el mejor esfuerzo para lograr una colaboración efectiva de los implicados en los escándalos de corrupción que permita desmantelar grandes carteles. En el pasado, por ejemplo, eso permitió llegar a condenas en el carrusel de la contratación de Bogotá.

Bajo ese contexto, la reasignación de los expedientes que tocan los intereses del Gobierno Petro es vista con escepticismo por los propios funcionarios de la Fiscalía. El país le debe poner la lupa a lo que viene.