Procuraduría pidió tumbar la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez

En un documento de 81 páginas quedó consignada la apelación de la Procuraduría General en contra del fallo de primera instancia que condenó a doce años de prisión al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su responsabilidad en los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

En la apelación firmada por el procurador Bladimir Cuadro Crespo se advierte que en el fallo emitido por el juzgado 44 de conocimiento de Bogotá se presentaron vacíos en la valoración y evaluación de varias pruebas presentadas durante la etapa de juicio que se extendió por cinco meses.

“Los errores en la apreciación de la prueba, principalmente la incorrecta observación objetiva de la misma, llevaron a la indebida aplicación de la figura de la determinación”, señala una de las conclusiones del recurso que fue presentado ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Igualmente, se alega que no se pudo establecer la tipicidad de la conducta por la que fue acusado el exmandatario.

“Así como la falta de aplicación del artículo 7 de la ley 906 que debió resultar en la absolución del procesado”, añade el procurador que, en sus alegatos de conclusión, celebrados a finales de junio, pidió la absolución total del expresidente al considerar que la Fiscalía General no había podido demostrar su teoría del caso.

“No se estableció más allá de toda duda razonable que el expresidente Álvaro Uribe Vélez tuviera el grado de conocimiento exigible para atribuirle la presunta responsabilidad como determinador de cada uno de los eventos acusados. La sentencia de primera instancia no se ocupó de examinar detalladamente este aspecto medular para cada uno de los episodios examinados”, añadió.

En este sentido, se indica que se omitió la evaluación de varios testimonios y pruebas documentales que permiten inferir que Álvaro Uribe Vélez nunca dio instrucciones para manipular o presionar testigos.

Igualmente, se alega que desde un comienzo se solicitó corroborar una información que le había llegado, por lo que le otorgó un poder al abogado Diego Cadena para que lo representara en la búsqueda de estos datos.

“(...) la juez no cuenta con respaldo en el expediente, ya que se evidenció que el propio procesado, a través de medios masivos de comunicación, incitaba a la entrega de información para esclarecer los hechos, dada la naturaleza jurídica de la discusión mientras era congresista. Además, la copiosa prueba documental y testimonial demostró que también utilizó a sus abogados para aportar información previamente verificada con Diego Cadena”, asevera.

El próximo 13 de agosto, la defensa del expresidente Uribe, liderada por el abogado penalista Jaime Granados Peña, radicará su recurso de apelación.

Mientras esto ocurre, el expresidente se encuentra privado de su libertad en su domicilio en el municipio de Rionegro (Antioquia). En la actualidad se adelanta el estudio de una tutela que pide la protección de sus derechos fundamentales que considera resultaron vulnerados por la decisión de la jueza 44 de conocimiento de Bogotá de otorgarle la detención domiciliaria.