Nuevo presidente de la Agencia de Desarrollo Rural es investigado porque habría utilizado contrato en el Congreso para pagar deuda

Mientras que la Presidencia de la República designó a César Pachón como el nuevo presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia avanza una investigación contra el exsenador del Pacto Histórico, porque habría utilizado un contrato de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para pagar una deuda.

Pachón salió de su curul después de que el Consejo de Estado lo halló responsable de doble militancia. Desde ese momento habría tomado distancia con los dirigentes de la coalición Pacto Histórico, según su versión, porque le dejaron de contestar el teléfono celular.

Sin embargo, su fidelidad al presidente Gustavo Petro, podría desencadenar en su llegada los próximos días a la dirección de la Agencia de Desarrollo Rural, encargada de garantizar el acceso a agua para regar en cultivos y la producción agropecuaria. De esa forma se aumenta la productividad y la agricultura campesina.

Sin embargo, hace más de un mes, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación al exrepresentante para tratar de esclarecer una grave denuncia que llegó en su contra sobre el manejo que le habría dado a los recursos de un contrato asignado para su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), y los cuales supuestamente se destinaron para pagar una deuda.

Lo más escandaloso de ese caso es que la persona que, al parecer, contrató para pagar la deuda, no fue ni un solo día a cumplir las obligaciones que adquirió entre el 25 de septiembre de 2018 y el 1 de diciembre de 2019.

“La Sala de Instrucción abrió investigación formal contra el excongresista César Augusto Pachón Achury. Se investiga el nombramiento de una persona en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) la cual habría recibido el pago de varios salarios sin cumplir sus obligaciones laborales”, confirmó la Corte en su cuenta de X.

La investigación formal contra Pachón se enfocó en los delitos de cohecho propio, falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación y concusión. Todo arrancó cuando José Isaac Torres, denunció a Pachón en la Corte Suprema, porque la forma en que habría intentado pagarle una deuda que quedó por un contrato para instalar la iluminación navideña del Puente de Boyacá en el año 2017, cuando el gobernador de ese departamento era Carlos Amaya.

El dinero pendiente habría salido de unos compromisos que incumplió Pachón sobre dicho contrato que quedó a cargo de la empresa de Torres, pero para saldar ese compromiso, el excongresista habría utilizado su UTL en el Congreso para contratarlo, pero aparentemente ni siquiera tenía que cumplir con su rol como asesor.

Hoy en día la Corte Suprema tiene en poder una serie de chats que demostraría como el dinero que recibió José Isaac por su vinculación en el Congreso —como un acuerdo para saldar la deuda— se habrían convertido en la caja menor del exsenador.

En los chats conocidos por SEMANA, César Pachón dice “hola Jose. Cómo va? Ya reclamó los papeles? ¿Cuánto tiene? Necesito que por fa le lleva al padrino 1.5 hoy x fa” (sic). A lo que Torres responde “ok listo mandaron tres trescientos veinte papel nacional” (sic).

En esos chats también aparecen conversaciones entre Pachón y Torres sobre pagos de facturas, entrega de dinero en efectivo a un hombre conocido como ‘Padrino’ y consignaciones a diferentes personas. La Sala de Instrucción también investiga la orden que habría recibido el denunciante supuestamente de Pachón para que solicitara un crédito al Banco Bilbao de Colombia S.A., por un monto de 80 millones de pesos. Dinero que, después de su desvinculación al Congreso, le tocó seguir pagando.