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Nuevo lío judicial para la fiscal Luz Adriana Camargo; abrieron un incidente de desacato por un proceso de lavado de activos

Se trata de la investigación que completó más de 15 abriles por los despachos de la Fiscalía y que tiene en líos a una docena de funcionarios.

10 de septiembre de 2025, 8:31 p. m.
Cumbre Policía Nacional y la Fiscalía Con la señora fiscal Luz Adriana Camargo  ‘Encuentro de Articulación Estratégica Territorial' de la Fiscalía General de la Nación y el  general Salamanca director general de la Policía Nacional
Fiscal General de la Nación Luz Adriana Camargo | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El proceso por lavado de activos contra Ignacio Álvarez Meyendorff está por completar dos décadas en la Fiscalía y de esa misma investigación surgió un millonario operativo de extinción de dominio, que este año cumplió tres lustros sin resolverse. La más evidente muestra de lo que debería estar prohibido en la justicia, pero se esfuerzan en mantener.

Una tutela que tiene contra las cuerdas a la Fiscalía, pide resolver la situación jurídica de los indiciados y la extinción de dominio que incluyó a más de 40 personas. Entre los dos casos suman más 17 años de falta de respuesta. La tutela incluso llegó a la Corte Suprema de Justicia, pero es el Tribunal de Bogotá el que hace una advertencia a la fiscal Luz Adriana Camargo.

“Cabe destacar que ya se había programado audiencia de formulación de imputación, lo que permite corregir que la Fiscalía contaba desde ese momento con elementos materiales, productores y vivencias físicas suficientes para dar por concluida la etapa de indagación, procediendo la formulación de hipotensión de imputación para cerrar esta etapa que lleva cerca de 17 años”, señala el Tribunal al abrir un incidente de desacato.

La apertura del incidente que incluye a la fiscal Luz Adriana Camargo, anticipa una sanción y que advierte cómo la misma Fiscalía incumple sus propósitos, por lo menos en este caso, donde se anunció una imputación de cargos que programaron y al cabo de unos meses, es el mismo ente acusador quien se aparta de propias solicitudes.

“El respeto estricto por los términos judiciales no solo garantiza la eficacia del derecho fundamental protegido, sino que evita la dilación indefinida de la actuación procesal en perjuicio de los derechos de las partes y de la autoridad de la cosa juzgada constitucional”, advirtió el Tribunal.

La multimillonaria extinción de dominio contra Ignacio Álvarez Meyendorf y otras 40 personas, lleva en la Fiscalía más de 12 años por despachos
La multimillonaria extinción de dominio contra Ignacio Álvarez Meyendorf y otras 40 personas, lleva en la Fiscalía más de 12 años por despachos | Foto: Suministrada

La investigación, que derivó en el incidente de desacato, estuvo archivada por orden de la entonces fiscal Luz Ángela Bahamon, como consta en los documentos que encontró la defensa de los Meyendorff en los mismos anaqueles de la Fiscalía.

Allí se dejó constancia que el proceso estaba descansando en los archivos del ente acusador. “Teniendo como última actuación registrada en el sistema orden de archivo 27/11/2015 por la doctora Luz Ángela Bahamón”.

El problema surgió cuando, sin nuevas pruebas, la investigación por lavado de activos resucitó. La defensa de los Meyendorff acudió rápido a la Fiscalía para preguntar lo que estaba pasando y la respuesta se convirtió en la primera ilegalidad que dejaron por escrito ante la delegada para las Finanzas Criminales, Aura Liliana Trujillo.

Los fiscales aseguraron que el expediente nunca estuvo archivado, pero la evidencia, con sello de la misma Fiscalía, advertía que el proceso en cuestión efectivamente estaba archivado. La razón, de acuerdo con la defensa, es que mantener vivo el proceso por lavado de activos, protegía la extinción de dominio que, hace más de 13 años, sigue sin resolverse.

   Bienes de la multimillonaria extinción de dominio a los Álvarez Meyendorff se encuentran en la ruina.
Bienes de la multimillonaria extinción de dominio a los Álvarez Meyendorff se encuentran en la ruina. | Foto: suministradas a semana api

El incidente de desacato requirió de respuestas de los involucrados en menos de tres días y está próximo a definirse, si confirma la falta de garantías y con ello las sanciones derivadas de actos de omisión o extralimitación.