Nueva EPS, intervenida por el Gobierno Petro, tiene grave situación: alertan gigantesco hueco financiero con cifras billonarias

La Contraloría General de la República alertó sobre la grave situación administrativa y financiera que hay en la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno Petro, unas cifras que son billonarias y que dejan en evidencia el difícil momento que vive.

En el mes de julio se realizó un operativo policial con el objetivo de recaudar información técnica, administrativa, jurídica y financiera no disponible en los sistemas de información que administra la Superintendencia Nacional de Salud y ante la carencia de estados financieros certificados y dictaminados.

Entre otras cosas, se llevaron a cabo entrevistas, inspecciones, toma de evidencias físicas e imágenes forenses correspondientes a las vigencias desde 2022 hasta el primer semestre de 2025.

Dentro de las irregularidades encontradas hay incremento de anticipos, represamiento de facturas sin auditar, aumento de cuentas por pagar, falencias en la contratación de prestadores y deficiencias en la constitución de reservas técnicas.

De acuerdo con la Contraloría, se detectó un incremento significativo en los anticipos pendientes por legalizar entre las vigencias 2023 y 2024, pasando de $3,4 billones a $8,6 billones, lo que equivale al 155 %.

Además, hubo un incremento acelerado en los anticipos pendientes por legalizar, en el primer semestre del presente año, “situación que compromete la liquidez institucional y aumenta el riesgo de un posible detrimento patrimonial”.

“Con corte a junio de 2025, se encontró un saldo elevado de anticipos pendientes por legalizar por $5,7 billones correspondientes a la vigencia 2024, lo que evidencia que una parte significativa de los recursos girados en ese periodo aún no han sido legalizados”, indicó la entidad.

Otro de los hallazgos fue el reporte total de facturas pendientes por procesar entregado por la EPS. Según el informe, se encontró que a la fecha existen 22.737.247 de registros por un valor de $22,1 billones.

Una vez se realizó la verificación inicial, las autoridades lograron identificar 9.155.060 facturas de servicios de salud repetidas, cuyo valor asciende a $8,9 billones. Por lo mismo, al excluir los registros repetidos, existen facturas por valor de $13.2 billones pendientes por procesar.

“Del valor de las facturas pendientes por procesar, el 37.1 % corresponde a la vigencia 2024 y el 59.9 % restante al primer semestre de 2025, esto indica que el 97 % de las obligaciones reportadas aún no ha sido sometida a revisión por parte de la EPS”, señaló.

Todo esto, alertó la Contraloría, ocasiona inconsistencias contables y financieras.

Por otra parte, Nueva EPS tampoco aportó los documentos necesarios que den cuenta del cumplimiento de los requisitos mínimos que se contemplan en el Decreto 441 de 2022, relacionado con la celebración de acuerdos de voluntades para la prestación de servicios y tecnologías en salud entre el asegurador y su red prestadora.

De igual forma, otro de los puntos centrales encontrados fue que las cuentas por pagar con corte a marzo de 2025 presentan un valor acumulado de $21.37 billones, lo que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la EPS y del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

“Esta tendencia refleja un desequilibrio entre ingresos y egresos, que podría llevar a restricciones en la prestación de servicios y afectar la estabilidad financiera de la entidad”, advirtió.

Finalmente, la Contraloría también indicó que, con corte a diciembre de 2024, hay una subestimación en la constitución de la reserva técnica no liquidada y liquidada por valor de $11.1 billones, así como falta de soporte de autorizaciones y de facturas en el detalle de las reservas técnicas.

“La delicada situación financiera y administrativa de la Nueva EPS, evidencia riesgos de deterioro progresivo, a pesar de la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud”, señaló el ente investigador.

La entidad precisó que todas las irregularidades encontradas son señales que comprometen la sostenibilidad de la EPS y la adecuada prestación de los servicios de salud.

Por lo mismo, la alerta será remitida a la Contraloría Delegada para el Sector Salud con el objetivo de que se determinen los procedimientos de control fiscal correspondientes, dentro de los que se encuentra la responsabilidad fiscal.

Además, se dará traslado a las demás autoridades competentes en materia de responsabilidades disciplinarias y penales.