Notarios, registradores, alcaldes y hasta inspectores de Policía están salpicados en una presunta red de despojo de tierras y predios

El país está viviendo vientos cruzados por la ocupación ilegal de predios. En la mente están las imágenes de hordas de indígenas y campesinos que se han tomado por la fuerza fincas y grandes terrenos, lo que deja a sus propietarios con los títulos de papel, pero con sus tierras en poder de otros. El asunto no se queda ahí, esta “guerra” involucra a funcionarios públicos que, con bolígrafo en mano, titulan y despojan bienes, al parecer de manera irregular, con lo cual deja a sus dueños en la calle.

SEMANA estuvo investigando este fenómeno ilegal y encontró cientos de denuncias e investigaciones que involucran a alcaldes, notarios, registradores de instrumentos públicos, inspectores de Policía y secretarios de Gobierno. Sin necesidad de bombas molotov ni ofensivas, en los escritorios se están apropiando de los bienes. ¿Pero cómo se está gestando este carrusel de funcionarios y particulares para quedarse con millonarias propiedades, desamparando a sus reales dueños?

Tanto las tomas violentas como las fraudulentas en los escritorios tienen a las autoridades en alerta roja, en especial a la Procuraduría, que ya está desenmascarando la operación criminal en la que estarían involucrados funcionarios públicos, pero, muchos de ellos, con colaboración de poderosas y peligrosas bandas criminales, que están tras bambalinas impulsando la toma ilegal de lotes, casas abandonadas y terrenos. Las cifras son escandalosas.

Este año, de acuerdo con el Sistema de Estadística de Denuncias por Delitos, se han abierto 3.293 investigaciones relacionadas con la ocupación de propiedades.

Por el delito de invasión de tierras o edificaciones, el ranking resulta demoledor y deja claro que también está golpeando con contundencia a las ciudades. Solo en Bogotá hay 225 procesos, en Medellín 169, en los departamentos de Bolívar 219, Cundinamarca 155 y Meta 124. La Procuraduría ya abrió, en las últimas semanas, 23 procesos disciplinarios.

La procuradora Margarita Cabello, a quien este tema se le ha convertido en una prioridad, fue contundente al señalar que “tenemos el compromiso indiscutible para que el país avance en el acceso a tierras para las comunidades campesinas y étnicas, pero no podemos permitir que se acuda a la fuerza y a actos ilegales usurpando la propiedad privada, los baldíos de la Nación y bienes bajo administración del Estado, eso es el resurgimiento de nuevos escenarios de violencia”.

Ante el crecimiento desbordado de este delito, la entidad desplegó un equipo de la unidad de investigaciones especiales y prendió de inmediato las alarmas. No solo se trata del arrebatamiento de los predios, hay crímenes asociados como tráfico de estupefacientes, cobros por “vigilancia informal”, prestación ilegal de servicios públicos, cobro de extorsiones y “gota a gota”. Un caldo de cultivo para la delincuencia, porque está claro que detrás hay bandas criminales.

Como si tuvieran un radar, detectan y se apropian de lotes, casas, apartamentos, edificaciones abandonadas, en construcción o en obra gris. El gran lío es para sacarlos, porque cuando aparece el verdadero dueño a reclamar, el primer argumento es que tienen derechos adquiridos. Detrás hay demandas, amenazas y empiezan a aparecer los documentos falsos, tramitados por funcionarios.

Los investigadores ya tienen identificadas las modalidades criminales: engaño y constreñimiento a población de escasos recursos para invadir terrenos rurales, invasiones de terrenos no urbanísticos por parte de indígenas y las auspiciadas por grupos delincuenciales. Incluso hay una ocupación ilegal en el municipio de Pradera, Valle, comandada por la Primera Línea, que pasaron de protestantes a usurpadores.

Ponerles freno a estas invasiones y robos de tierra es prioridad, y así lo reconoce la procuradora Cabello, quien afirma que “debemos avanzar rápidamente en las más de 124.000 solicitudes de adjudicación de baldíos y en políticas de acceso a la tierra, para el desescalamiento de esta grave situación de orden público”.

La red criminal de funcionarios

La Procuraduría ha empezado a desenmarañar esas redes dedicadas a dar apariencia de legalidad al robo de tierras y de inmuebles, en las que habría de por medio una danza millonaria de corrupción. Son dos los eslabones principales de la cadena delictiva: El primero, la circulación de instrumentos y documentos públicos falsos, que se elaboran en notarías y oficinas de Instrumentos Públicos. Ahí entran los trámites hechos por funcionarios para facilitar la legalización de los documentos e instrumentos jurídicos falsos.

¿Quiénes están detrás? Ya está plenamente identificada la participación de inspectores de Policía, personeros y funcionarios de la Personería, alcaldes y hasta funcionarios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).

Un caso particular, de muchos que ya tiene identificados la Procuraduría, se da en el municipio de Soledad, Atlántico. Prácticamente toda la administración estaría comprometida con actos ilegales de apropiación de bienes y tierras. Van desde el alcalde Rodolfo Ucrós; el secretario de Gobierno, Samir Guillermo Serrat; dos inspectores de Policía, Edwar Galindo y Marlon Mora; el notario primero, Andrés Altamar; y una funcionaria de la Notaría Segunda de Barranquilla, Martha Rojas.Se trata de un costosísimo predio de 33 hectáreas, conocido como Los Ángeles, que ya fue loteado en 43 propiedades diferentes.

Había sido vendido por la señora Isabel Baca a los esposos Sergio Tulio Camacho y María Cecilia Ospina en 1996. Pero, de forma inexplicable, apareció una nueva venta, a favor de Alberto Santander Baca, pero los documentos de esta transacción, según las autoridades, al parecer, eran chimbos.

De acuerdo con la investigación falsificaron la firma y documentos de la propietaria original, Isabel Baca, y no solo eso, rápidamente y con el pecado encima, hicieron una nueva transacción; el comprador fue Roger Luis Seña, quien loteó y tramitó 43 escrituras. Así, la pareja Camacho Ospina vio que su propiedad se le iba como agua entre las manos. Se la robaron a punta de documentos falsos, firmas falsificadas, y ventas ficticias, presuntamente con la complicidad de media administración de Soledad, que hoy está siendo investigada, al tiempo que el predio está en proceso de regresar a sus legítimos dueños.

En todos los casos como este, cada uno de estos funcionarios inmersos en un proceso de corrupción tiene un rol en la adquisición y ocupación de predios y bienes. Por ejemplo, los notarios tramitan escrituras públicas con firmas o datos falsos de muchos años atrás, pero son elaboradas recientemente. Además, se encargan de legalizar los actos sin cumplir requisitos, en compraventas o sucesiones, en las que no se solicita el certificado catastral.

Por su parte, los registradores de instrumentos públicos crean folios de matrículas inmobiliarias con escrituras públicas viejas, a las que les anexan declaraciones de donaciones falsas, y hasta modifican los folios de matrículas con ubicación y linderos que no coinciden con la realidad.

Los funcionarios del Igac y de castrato manipulan los números de referencias catastrales y modifican los linderos sin tener competencia legal.

Estas redes, dice la Procuraduría, también cooptan a miembros de la Policía, y terminan entregando el inmueble sin dictamen e inspección, incluso favorecen a los invasores, reconociéndoles una posesión que nunca han tenido.

Esta olla podrida se está destapando, y por el camino la Procuraduría ya tiene respondiendo a 23 funcionarios que forman parte de esta cadena de corrupción y apropiación ilegal de predios, algunos de ellos ocupados de forma violenta y legalizados con bolígrafo.