“No son ciudadanos trabajadores”: El fuerte reclamo de la jueza a varios exfuncionarios implicados en escándalo de la UNGRD

En la tarde de este martes, la jueza 66 de control de garantías de Bogotá dictó orden de captura en contra del exdirector del Departamento de Función Pública, César Manrique Soacha, en el marco del proceso penal que se le adelanta por los hechos de corrupción que se registraron en la Unidad Nacional para la Gestión del riego del Desastre (UNGRD).

En la decisión, que se extendió por cinco horas, la funcionaria judicial avaló plenamente la petición hecha por la Fiscalía General para que el exfuncionario cumpla una medida privativa de su libertad mientras se adelanta el trámite del proceso penal. La jueza tuvo en cuenta la gravedad de los cinco delitos imputados, así como las afectaciones que se generaron con actuar para una población vulnerable.

“La medida solicitada es necesaria, adecuada, proporcional y razonable para proteger a la sociedad”, advirtió la jueza al considerar que es menester que tanto Manrique Soacha como otros exfuncionarios del Departamento de Función Pública y la UNGRD sean privados de su libertad.

En su análisis, la jueza hizo un fuerte llamado por el actuar de los ahora imputados cuando se presentaron para el desvío de millonarios contratos que tenían como finalidad proporcionarles agua potable a los pobladores de varias regiones del departamento de La Guajira.

“No existen pruebas que permitan inferir que sean ciudadanos responsables, trabajadores, cumplidores de las normas que rigen nuestro Estado Social del Derecho”, advirtió la jueza al rechazar las solicitudes de detención domiciliaria y libertad condicional.

En la imputación de cargos, la Fiscalía advirtió que en el año 2023, César Manrique Soacha conformó una “empresa criminal” junto al abogado Eduardo Riveros Rey y otros funcionarios para desviar contratos con el fin de beneficiar a un grupo de empresarios y contratistas.

“César Augusto Manrique Soacha, entonces director del Departamento Administrativo de la Función Pública y los particulares Édgar Eduardo Riveros Rey, abogado, empresario, entre otros, se concertaron para conformar una empresa criminal a fin de cometer delitos contra la administración pública, interesándose indebidamente en las diferentes modalidades de contratación privada y expedita de la UNGRD”, enfatizó la fiscal del caso en la imputación de cargos que se realizó a mediados de mayo.

Manrique Soacha habría recibido una coima cercana a los tres mil millones de pesos por su “gestión” en el desvío de los contratos para la adquisición de 60 carrotanques pequeños y máquinas desalinizadoras para el departamento de La Guajira.

Igualmente, se prestó para el desvío de 100 mil millones de pesos en recursos que estaban en poder de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Varios testigos aseguraron que Manrique Soacha convocó y lideró la reunión que se celebró en la sede central de esa entidad en un claro abuso de sus funciones.

La Fiscalía General le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y lavado de activos. Tras la accidentada audiencia, el exfuncionario se declaró inocente de los cargos.

Manrique Soacha se suma a la lista de exfuncionarios del Gobierno Petro que han sido vinculados oficialmente en este expediente por los hechos de corrupción que saquearon a la UNGRD.