No más glifosato, regularización, y un nuevo enfoque global, las propuestas de la Comisión de la Verdad contra las drogas

El narcotráfico ha sido en buena medida el que ha favorecido el conflicto en Colombia, uno de los motores de la violencia en el país. Se ha combatido y hubo momentos en los que la reducción llevó a que el país tuviera cerca de 50.000 hectáreas cultivadas con hoja de coca, pero, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, paralelo al proceso de paz con las Farc, estas cifras se dispararon, se multiplicaron por cuatro, y su mandato cerró con la poco célebre cifra de más de 200 hectáreas. El panorama es un fracaso, por eso la Comisión de la Verdad contempla dar un giro en la política de lucha contra las drogas.

Lo primero que contempla la Comisión de la Verdad es que Colombia, amparado en ser el país que más ha sido el país del mundo con mayor afectación por el narcotráfico, “liderar y promover un debate internacional para la modificación del régimen global basado en la prohibición de las drogas y así avanzar hacia un régimen regulatorio”. Para esto contemplan que se realice una gran conferencia internacional para abordar este tema.

Lo que no deja claro la Comisión, y con seguridad es un asunto que va mucho más allá de la semántica, es qué se refieren con el paso a un régimen regulatorio, que en síntesis sería algo similar a la legalización, pero no hay claridad por qué no usan ese término en el documento.

Ya en territorio, donde está sembrada la coca, sostienen que es necesario que se abran espacios de diálogo y concertación con las autoridades territoriales y étnicas, sus organizaciones, la academia, frente a la implementación y seguimiento en los territorios.

Sobres este punto señalan que estos espacios “deben servir para identificar y compartir propuestas que permitan avanzar hacia la regularización”, nuevamente usan el término regula, sin explicar las pretenciones.

Plantean desde la Comisión de la Verdad, “crear espacios de reconocimiento y diálogo con las personas y comunidades de manera que puedan compartir sus testimonios y así visibilizar impactos ambientales, sociales, culturales y políticos del narcotráfico y la política prohibicionista, y las diferentes formas para atenderlos y superarlos”.

Uno de los aspectos más espinosos es que la Comisión, teniendo claro que detrás del negocio criminal del narcotráfico hay poderosos carteles y organizaciones terroristas como las mismas disidencias de las Farc, plantean que la lucha contra el narcotráfico tenga un enfoque “exclusivamente” desde los derechos humanos y, de un plumazo, reclaman no usar nunca más la aspersión con glifosato y la erradicación por parte del Ejército Nacional.

Como propuesta piden “rediseñar con la participación de las comunidades campesinas y los pueblos étnicos las estrategias para hacer frente a los cultivos de coca, marihuana y amapola para garantizar la inclusión social y económica de los diferentes territorios con presencia de cultivos, con un enfoque étnico, etario, de género, de derechos de las mujeres y de acción sin daño”. Nuevamente, “mientras que se avanza en la regulación”.

Y agregan que “mientras que se avanza a la regulación, es necesario racionalizar la acción penal, aplicando el principio de proporcionalidad de la respuesta penal frente a la gravedad del delito, concentrando su ejercicio en los actores de la cadena que generan violencia, lavan dinero y se lucran de las actividades ilegales”.

Los más afectados penalmente en la cadena de tráfico de droga son los cultivadores campesinos y los expendedores o conocidos jíbaros. Los dos son los eslabones más débiles, más pobres y más castigados, por eso la Comisión de la Verdad, en ese giro que plantea, asegura que es necesario que se presenten medidas de alternatividad penal, para reducir penas y devolver a la libertad a los detenidos.

“Mientras que se avanza a la regulación, es necesario racionalizar la acción penal, aplicando el principio de proporcionalidad de la respuesta penal frente a la gravedad del delito, concentrando su ejercicio en los actores de la cadena que generan violencia, lavan dinero y se lucran de las actividades ilegales”, señala el informe.

Que además plantea iniciar el “trámite de un proyecto de ley de tratamiento penal diferencial de cultivadores y cultivadoras y mujeres que se encuentren en prisión por delitos menores de drogas”.

Por último, y conscientes de que los cultivos de uso ilícito también están ligados a saberes ancestrales y tienen cualidades médicas, piden “garantizar apoyo y financiación para la investigación interdisciplinaria de los usos medicinales, agroindustriales, nutricionales y otros usos alternativos de la hoja de coca y la marihuana”.