No es solo Daniel Quintero: estos son los 24 integrantes de su gabinete que están en líos por presuntos hechos de corrupción

Daniel Quintero Calle, exalcalde de la capital de Antioquia y precandidato presidencial, encabeza la larga lista de exfuncionarios del Distrito con serios líos ante la Justicia. SEMANA reconstruye el dosier de problemas que tienen en jaque a la Medellín Futuro por hechos ocurridos entre 2020 y 2023.

El exmandatario ya está citado para que responda ante un juez de control de garantías por Aguas Vivas, el polémico predio ubicado en el barrio El Poblado y la avenida Las Palmas al que le habría cambiado el uso del suelo para levantar sus restricciones de construcción y facilitar la edificación de inmuebles, cuyos propietarios serían cercanos a su expadrino político, el exgobernador Luis Pérez Gutiérrez, según los denunciantes.

El martes 8 de abril se espera que Quintero Calle y otras 12 personas, entre los que se encuentran nueve de sus exempleados de confianza, sean imputados, en el eventual grado de responsabilidades, por peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción, enredos que hablan de miles de millones de pesos, supuestamente, malversados.

En el ajedrez de ese escándalo, sumado a los otros 600 resultados de la auditoría forense que realizó el actual mandatario Federico Gutiérrez, una vez tomó posesión en la Alcaldía, se configuraría un escenario más complejo del ocurrido en el carrusel de la contratación que llevó a la cárcel al entonces alcalde de Bogotá Samuel Moreno y a su hermano Iván, de acuerdo con los alegatos del Distrito ante los entes de control.

En la diligencia que está programada para este martes a las 2:10 p. m., después de dos periodos de aplazamiento, deberán presentarse, entre tantos, Alethia Carolina Arango Gil, exdirectora del DAGRD y una de las sombras de Olmedo López en su paso por la UNGRD; y Carlos Mario Montoya Serna, quien fue secretario de Gestión y Control Territorial y también ocupó altos cargos en la primera Gobernación de Luis Pérez Gutiérrez.

Los otros procesos

Aguas Vivas no es el único dolor de cabeza para las personas que pasaron por la administración de Daniel Quintero Calle. Piedad Restrepo, directora de la veeduría Todos por Medellín, advirtió que hay una serie de hechos que han surgido de manera aislada, pero que tienen un mismo hilo conductor: “Es bastante diciente que se evidencia que no son casos puntuales, aislados, sino que involucran a muchos exfuncionarios de varias entidades del conglomerado y secretarías del Distrito”.

Uno de los ejemplos es Metroparques, un posible cartel desenmascarado desde la veeduría: “Denunciamos que se evidenciaban presuntos delitos que vinculaban a varias entidades del conglomerado llevando recursos a Metroparques desde diferentes secretarías, desde el Inder y el Área Metropolitana (autoridad ambiental y de transporte del Valle de Aburrá), entregando cuantiosos recursos de formas muy laxas que iban a empresas de poca trayectoria o íntimamente vinculadas entre sí para favorecer a privados”, detalló Restrepo.

Este caso llevó a la Justicia a Natalia Urrego Arias, exsecretaria de Infraestructura. La Fiscalía le imputó cargos por contratar sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos en los que se habrían usado 5.000 millones de pesos del presupuesto del Jardín Botánico de Medellín para atender la emergencia generada por el covid-19, pero que habrían terminado en el posible mantenimiento de zonas verdes de la ciudad.

Según los investigadores, “para la adjudicación del contrato habrían sido invitadas, de manera privada, tres empresas de un mismo núcleo familiar (Mascampo S. A. S., Construgeo y Reforestadora El Líbano S. A. S.) para trasladarles recursos públicos de la administración municipal”. Por este mismo caso, responde el exdirector de Metroparques, Jorge Enrique Liévano Ospina, y el representante legal de la Reforestadora El Líbano. En la misma línea va el proceso judicial de Diana Paola Toro Zuleta, exgerente del Inder, a quien la Fiscalía le imputó peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos.

Precisamente, este viernes se suspendió la audiencia de acusación ante el juzgado 28 penal de conocimiento de Medellín porque uno de los abogados no pudo asistir. El escrito asegura que Toro Zuleta, en septiembre de 2020, de manera directa, habría celebrado un contrato por 21.000 millones de pesos con el gerente de Metroparques.

El objeto del acuerdo, según el proceso, era garantizar el apoyo logístico y la realización de eventos recreativos y deportivos; sin embargo, las autoridades han encontrado que la mano de obra fue ejecutada por una empresa dedicada a eventos y logística. Además, este contrato de septiembre de 2020, también en plena pandemia, debía ser ejecutado en tres meses y se prolongó hasta diciembre de 2022, dos años más, lo que se tradujo en presuntos sobrecostos de 3.000 millones de pesos.

Como si no fuera suficiente, según el expediente, se encontró que la exgerente del Inder se habría quedado con más de 1.900 millones de pesos, “correspondientes a la sobreestimación de los precios de los bienes para el desarrollo de diferentes actividades deportivas, generando sobrecostos del 55,7 por ciento”.

El tercer escándalo de los ocho que, según Todos por Medellín, forman parte del “cartel de la contratación en la Alcaldía de Quintero”, es el que tiene en el banco de los acusados a Martha Alexandra Ruiz Agudelo, exsecretaria de Educación. Por estos hechos también fueron acusados Lina María Gil Zapata, exdirectora del programa Buen Comienzo, y el representante legal de una empresa llamada Colombia Avanza.

Las investigaciones arrojaron que las implicadas se habrían apropiado, en favor de terceros, de más 1.400 millones de pesos, correspondientes a salarios de más de 520 trabajadores que habrían sido contratados sin cumplir los requisitos técnicos.

Daniel Quintero respondió que están siendo señalados por el alcalde Gutiérrez. “Tenemos las pruebas para llevarlo a la cárcel. Fue él quien valoró el lote de Aguas Vivas, quien firmó el contrato el último día de su gobierno, y transformó el lote que recibió como rural en urbano, lo sobrevaloró en más de 44.000 millones de pesos.

Cada vez que hay una nueva acusación, es una instrumentalización de la Justicia. En el caso de Buen Comienzo, la Fiscalía lleva dos años sin poder acusar; van a perder ante los jueces. Se va a demostrar que no hubo sobrecostos, por el contrario, la Contraloría demostró que no hubo”, dijo. “Todos mis funcionarios tienen cómo responder ante estos señalamientos”, añadió.