“Negociación criminal”: la Corte Suprema de Justicia revela detalles del acuerdo corrupto de los congresistas con el Gobierno Petro y la UNGRD

En un extenso y explosivo documento de 799 páginas, la Corte Suprema de Justicia consignó la participación de seis congresistas de la Comisión de Crédito Público en el escándalo por el multimillonario saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), lo que calificó como una “negociación criminal”. Los senadores y representantes a la Cámara son señalados de vender su conciencia a cambio de millonarios contratos de obra pública y de votar positivamente por las reformas e iniciativas del presidente Gustavo Petro.

Para la Corte Suprema, no hay duda de que los congresistas Juan Pablo Gallo, Liliana Esther Bitar, Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrid Manrique y Juan Diego Muñoz se dejaron seducir por los más altos funcionarios del Gobierno para, a cambio de estos contratos, votar, sobre el cierre de la legislatura, la aprobación de los empréstitos de la nación, tal como afanosamente se requería desde el Ministerio de Hacienda.

En este documento, la Corte Suprema finalmente decidió no enviar a la cárcel de forma inmediata a los congresistas, lo que podría convertirse en una victoria pírrica, pues, aun cuando podrán defenderse en libertad por “no representar un riesgo para la investigación y la sociedad”, la pesquisa es demoledora. Las conclusiones no dejan ninguna duda sobre el acuerdo corrupto con el Gobierno Petro, aunque los abogados de los congresistas implicados consideran que no hay pruebas suficientes. Algunos, incluso, se han aventurado a pedir la nulidad del espinoso proceso por el saqueo de la UNGRD.

En las casi 800 páginas, conocidas por SEMANA, se documenta la participación de los congresistas en este caso. Entre las pruebas están las declaraciones de los testigos estrella: María Alejandra Benavides, exasesora de Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la misma entidad.

A esto se suma un arsenal de evidencias, como chats, levantamiento de planos topográficos, reuniones documentadas, archivos, órdenes de obras, certificados de disponibilidad presupuestal, contactos de los encargados de tramitar los contratos, fotografías, videos y hasta la denominada prueba reina: una libreta escrita de puño y letra de la representante Karen Manrique, en la que le explica a Olmedo López de qué forma se repartieron los contratos entre los congresistas.

Aunque se trata de una investigación dirigida a los legisladores por su fuero, el documento deja clara la presunta participación de los ex altos funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro en estos hechos. Se trata de los exministros de Interior, Luis Fernando Velasco; de Hacienda, Ricardo Bonilla; de las TIC, Mauricio Lizcano; del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y el prófugo Carlos Ramón González, quien era director del Departamento Administrativo de la Presidencia, muy cercano al jefe de Estado desde las épocas en el M-19.

En uno de los títulos del documento, rotulado como ‘Valoración probatoria’, la Corte concluyó: “La prueba muestra como probable que los sindicados habrían aceptado una promesa remuneratoria, esta aceptación habría ocurrido a cambio de cumplir con su función como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, lo que encuadraría en el tipo penal de cohecho impropio”.

El escrito asegura que hay “pruebas suficientes sobre un conjunto amplio y significativo de acontecimientos diversos, reuniones informales, visitas, comunicaciones, intercambio de información, que llevan a la sala a sostener que entre septiembre y diciembre de 2023 los indiciados habrían participado en un esquema de negociación criminal junto con funcionarios de alto nivel directivo y asesores de la Rama Ejecutiva del poder público”.

El documento hace referencia específica a los contratos que les entregaron. “En el marco de dicho esquema se habría acordado el avance de tres proyectos que serían ejecutados contractualmente como obra e interventoría a través de la UNGRD, lo que habría sido aceptado por los indiciados a cambio de cumplir con votar conceptos de operaciones de créditos sometidos a su consideración”.

El magistrado Misael Rodríguez tiene tan clara la participación de cada uno de los congresistas que en su ponencia, que fue derrotada y pedía detención inmediata, explica cómo se repartieron los contratos: “Los indiciados Bitar, Manzur y Peinado habrían aceptado recibir como dádiva futura la contratación que surgiría de un proyecto en Cotorra, Córdoba. Por su parte, los indiciados Manrique y Muñoz habrían aceptado la contratación que surgiría de un proyecto en Saravena, Arauca”.

El texto agrega que “finalmente el sindicado Gallo, quien se integró tardíamente, también se habría adherido al esquema de negociación criminal y en consecuencia habría aceptado como contraprestación la contratación que surgiría de un proyecto en El Salado, en el municipio del Carmen de Bolívar, Bolívar”.

El documento reconstruye cada capítulo del saqueo, incluso los memorables cónclaves, como Olmedo López bautizó a las reuniones en la Casa de Nariño, en las que ministros y altos funcionarios dictaban las órdenes corruptas.

“Existen pruebas de reuniones informales de algunos o de todos los indiciados con agentes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizadas en fechas como el 26 de septiembre, 4 y 31 de octubre, 8 de noviembre, y 5 y 6 de diciembre de 2023. Asimismo, se han documentado reuniones adicionales entre funcionarios de la Rama Ejecutiva sin presencia de la parte legislativa involucrada, pero con una conexión relevante con la negociación”, encuentros que serían para coordinar la contratación direccionada.

La más importante de estas reuniones, que incluso ha documentado SEMANA con fechas, citaciones y hasta fotogramas en los que se ven todos los protagonistas, es reseñada por la Corte Suprema como “el encuentro del 27 de noviembre de 2023, que tuvo lugar en la Casa de Nariño con participación, entre otros, de los entonces ministros de Hacienda, Interior y el director de la UNGRD, así como reuniones celebradas en el Ministerio de Hacienda los días 23 de noviembre, y 12 y 15 de diciembre de 2023”.

En su investigación, el magistrado Rodríguez identificó cómo los sobornos dieron sus frutos con actuaciones concretas de los congresistas. “Se han recogido pruebas suficientes sobre el desarrollo de las sesiones oficiales durante el segundo semestre de 2023 (…) es probable que los resultados de la comisión hayan estado condicionados por el desarrollo paralelo de las reuniones informales y demás interacciones ocurridas en los intersticios de las sesiones oficiales”.

Incluso se refiere a María Alejandra Benavides, la exasesora del ministro Bonilla, quien entre sollozos había contado que su exjefe sabía todo. Benavides entregó chats con el exministro; con su jefa, Andrea Ramírez, a quien reemplazó en el cargo por una licencia de maternidad; con el cuestionado enlace Jaime Ramírez Cobo y con los congresistas favorecidos, junto con la famosa matriz de contratación en la que se especifican los contratos y el congresista favorecido a cambio de su apoyo.

“Se cuenta con prueba que indica que entre finales de 2023 e inicios de 2024 se habría establecido un mecanismo de gestión y monitoreo de las operaciones de contratación de los proyectos comprometidos respecto de las actividades de gestión. Hay evidencia de reuniones y conversaciones entre alguno de los sindicados y funcionarios del Ministerio de Hacienda para concretar detalles de lo que sería su contraprestación en la negociación criminal y dar reportes de avances en las gestiones”, se lee en el voluminoso expediente conocido por SEMANA.

En el documento entra en escena el exsubdirector Sneyder Pinilla, de quien advierte que “las pruebas muestran como ejemplo más relevante que el subdirector (…) sostuvo interacciones con los enlaces regionales para facilitar las operaciones dirigidas a la contratación de obras e interventorías en los lugares acordados entre algunos miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito y agentes del Ministerio de Hacienda”.

Tres indicios graves

El expediente bien podría ser el guion de la corrupción que se tomó la UNGRD, pues allí se reúnen las pruebas y declaraciones que han entregado los testigos. Estas piezas encajan a la perfección en coincidencia de citas, órdenes recibidas, contratos entregados, beneficiados, articuladas en un documento que no deja mayores dudas. Aunque los congresistas no fueron cobijados con medida de aseguramiento, sí habrían recibido las coimas.

El magistrado incluso plantea tres indicios que califica como “graves”. El primero se habría dado entre septiembre y diciembre de 2023: “Los indiciados participaron diferenciadamente en una serie de reuniones informales con agentes del Ministerio de Hacienda; se suman otras reuniones de funcionarios de la Rama Ejecutiva sin la presencia de los primeros. Es probable que dicha serie haya tenido como objeto negociar la entrega e impulso de proyectos de inversión por el avance de la agenda de interés gubernamental en la Comisión de Crédito Público”.

El segundo indicio dejaría claro que el trabajo de los congresistas avanzaba conforme a los “cumplimientos” del Gobierno en los acuerdos corruptos. Si llegaban los contratos y compromisos, votaban. De lo contrario, literalmente, tomaban el pelo.

“Durante el segundo semestre de 2023, la agenda de la Comisión de Crédito Público habría estado subordinada a un ritmo de trabajo y discusión ajeno al de los temas de las sesiones oficiales y los resultados se habrían condicionado al avance de una probable negociación criminal (…) el condicionamiento abarcaría tanto la versión positiva manifestada en aprobaciones de conceptos como la negativa reflejada en aplazamientos de los mismos o en silencios a la hora de votar”, se lee en el documento de la Corte Suprema de Justicia.

Por último, señala como tercer indicio grave que “a partir de mediados de diciembre de 2023 y hasta febrero de 2024, se habría establecido un mecanismo de gestión y monitoreo de tres proyectos en Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar. La gestión y monitoreo de estos proyectos habría sido el probable resultado de la negociación criminal”.

Responsabilidad individual

Desde hace casi un año que la Corte Suprema de Justicia decidió que había méritos para investigar a los congresistas de la Comisión de Crédito Público. Por eso, se dio a la tarea de reconstruir cómo fue el saqueo, las oscuras negociaciones y el rol de cada uno de los congresistas, que tiene un capítulo aparte en el extenso documento.

Por ejemplo, en el caso de Wadith Manzur, señala que “debe destacarse su participación en seis eventos que resultan relevantes en la negociación criminal expuesta en las tres primeras reuniones informales (26 de septiembre, 4 de octubre y 31 de octubre). Fue atendido por el ministro Bonilla y su asesora legislativa; en otra ocasión, el 8 de noviembre, fue atendido solamente por Benavides, y tras esa visita se enfrascó con ella en un intercambio de mensajes. En los dos últimos eventos del año, correspondientes al 5 de diciembre, el sindicado asistió a reuniones atendidas por el ministro encargado (Diego) Guevara”.

Sobre Karen Manrique, la señalan de participar en las mismas reuniones en las que se habrían acordado las coimas, pero agrega que “hay elementos convergentes (…) que indicarían que la indiciada habría aceptado una promesa remuneratoria el 5 de diciembre de 2023, tras un progresivo proceso de negociación iniciado el 26 de septiembre”.

Respecto a Juan Pablo Gallo, menciona que “completaría la tríada de miembros de la Comisión de Crédito Público vinculados con los enlaces regionales de los proyectos de la UNGRD”. Agrega que “se dispone de referencias que apuntan muy seriamente a que él habría sido la fuente de información del contacto del Carmen de Bolívar. El sindicado apareció tardíamente en el entramado investigado, no obstante hay elementos que sugieren que desde su acercamiento inicial a la Comisión se habría adherido al esquema de negociación criminal”.

Sobre el representante antioqueño Julián Peinado, afirma que también participó en reuniones de coordinación del saqueo, aunque aclara que no estuvo en el “encuentro matutino del 26 de septiembre que marca el inicio del proceso de negociación criminal”. Sin embargo, señala que ese mismo día realizó una visita al Ministerio de Hacienda y fue atendido por la asesora María Alejandra Benavides.

Liliana Bitar coincidió en las negociaciones y el documento afirma que habría aceptado una promesa remuneratoria el 5 de diciembre de 2023, como parte de un proceso de negociación criminal. En el caso de Juan Diego Muñoz, quien ya había salido del Congreso, la investigación deja claro que “solicitó la colaboración de Benavides en favor de un representante de su partido político que llegaría a la Comisión de Crédito (…) el sindicado Muñoz consideraría susceptible de ser trasladado o delegado en virtud de un vínculo previamente establecido con el Ministerio de Hacienda”.

Este documento se convierte en la radiografía del saqueo a la UNGRD o, como lo señala a lo largo del texto, la historia de una “negociación criminal” que por ahora no mandó a la cárcel de forma preventiva a los congresistas involucrados, pero sí los tiene temblando con declaraciones y pruebas contundentes que podrían terminar en una acusación.