Minjusticia pidió investigar escándalo de contratación en la Uspec que compromete a su director, Ludwing Valero

Un nuevo escándalo se le destapó a la administración del presidente Gustavo Petro después de que SEMANA reveló las graves inconsistencias que se habrían presentado en una serie de contratos que se habrían adjudicado en medio de las celebraciones de Navidad y el Año Nuevo.

La denuncia detalla que entre el 2 y el 26 de diciembre del año pasado, en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), se habría dado una feria de contratos por más de 85 mil millones de pesos. El Comité de Contratación aprobó las licitaciones, pese a las irregularidades que hizo el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de esa entidad, Sergio Agón Martínez.

En medio de la Comisión de Expertos de la Reforma a la Justicia que se desarrolló durante la mañana de este lunes 17 de febrero, la ministra Buitrago se pronunció frente a este nuevo escándalo: “Necesitamos saber si hubo algo. Se había corrido traslado a la Contraloría, a la Fiscalía y a la Procuraduría. Yo tengo entendido claramente que hubo temas presupuestales. Yo no soy la persona que maneja los contratos en la USPEC”.

Además, agregó: “Entiendo también que hay intereses particulares de alguna persona que tiene alguna molestia en concreto y lo deja ver en la entrevista que rinde. Desde ese punto de vista yo me someto al rigor de las autoridades para que efectivamente ellas sean las que investiguen la actividad que realizó la Uspec”.

SEMANA conoció a través de un derecho de petición las actas de las sesiones del Comité de Contratación, en donde quedaría demostrado que dichos procesos se aceleraron sin tener en cuenta las irregularidades que fueron alertadas por los propios funcionarios de la entidad.

Sergio Agón Martínez, jefe de la Oficina Jurídica, asistió a dichos comités, en los que habría manifestado que no tenía la “competencial funcional” para integrar ese grupo que toma decisiones sobre contratos. El director de la Uspec, Valero Sáenz, terminó invitándolo a tomar acciones legales ante posibles irregularidades.

“Lo invita para que en el ejercicio jurídico del tema, y en el momento en que se esté cometiendo alguna ilegalidad, con haberle incluido en el Comité de Contratación, proceda a realizar las acciones legales pertinentes para que se deje sin efecto el acto administrativo o solicitar la revocatoria directa del mismo”, dice el documento, que hace seguimiento a la sesión.

Uno de esos contratos, que está en el ojo del huracán, tiene relación con los casi 3 mil millones de pesos que se destinaron para los permisos de vertimientos, ocupación de cauce o concesión de aguas para las cárceles a nivel nacional.

A pesar de la preocupación frente a las observaciones y el puntaje obtenido a la firma ganadora, el contrato quedó en en manos del consorcio Aquaintegral 2024, por la suma de 2.825.468.412 pesos.