Ministros de Defensa e Interior fueron citados por la Corte Constitucional para revisar orden de protección a firmantes de paz
Este viernes, 31 de enero, el alto tribunal le hará seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) que declaró sobre la seguridad de quienes firmaron el Acuerdo de Paz con las extintas Farc en 2016.
Este año se cumplen nueve años del Acuerdo Final de Paz que firmó el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con las antiguas Farc-EP, y una de las preocupaciones que sigue latente en el país tiene relación con el riesgo y la falta de protección a la que se ven expuestos los excombatientes de la extinta guerrilla.
En el año 2022, la Corte tuvo que declarar un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en materia de garantías de seguridad para esta población, pero ahora citó al Gobierno Petro y a las entidades de control para confrontar la delicada situación por la que atraviesan en la actualidad los firmantes de paz. Hace pocos días, la JEP le ordenó al Ministerio de Defensa que sacaran del Catatumbo a 124 firmantes que estaban en riesgo por la ola de violencia.
El Catatumbo hoy se ve sumergido en una guerra por control territorial entre la guerrilla del ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, que va dejando 52 mil desplazados, más de 32 mil confinados, 52 homicidios, ayudas humanitarias varadas en el municipio de Ocaña y hasta una plaga de minas antipersonal que pondrían en juego el retorno de quienes tuvieron que salir de sus hogares.
En medio de esa crisis humanitaria, la Corte Constitucional citó a los ministros de Defensa, Iván Velásquez; del Interior, Juan Fernando Cristo; a la defensora del Pueblo, Iris Marín, y a otros representantes del alto gobierno, autoridades y entes de control, para buscar soluciones a los bloqueos institucionales que le han aparecido al Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida de Seguridad para los firmantes del Acuerdo de Paz.
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El alto tribunal detalló en un comunicado de prensa: “Se trata de garantizar el cumplimiento de su propósito constitucional: advertir anticipadamente los riesgos de que ocurran violaciones a la vida, integridad, libertad, seguridad personal, libertades civiles y políticas e infracciones al derecho internacional humanitario para que el Estado responda oportuna e integralmente y así evite que tales riesgos se conviertan en daños”.
Los bloqueos institucionales que ha identificado la Sala para proteger a los firmantes de paz están relacionados con la desarticulación entre entidades e instancias encargadas del sistema, y la conexión del sistema de alertas con otras autoridades encargadas de prevenir riesgos.
La violencia contra los firmantes ha llegado a tal punto que el año pasado la Fiscalía judicializó a un hombre que habría participado en la desaparición de cinco personas de esa población en El Charco, Nariño. De hecho, Indepaz confirmó hace una semana que cuatro firmantes de paz fueron asesinados en El Tarra, Convención y Teorama, en Norte de Santander.
