Nación
Miguel Rodríguez Orejuela, exjefe del Cartel de Cali y preso en cárcel en Estados Unidos, pide pista para ser gestor de paz del Gobierno Petro
La solicitud la hizo a través de una carta enviada hace más de seis meses a la Casa de Nariño.
El exjefe del Cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela, le envió, desde una cárcel federal de Estados Unidos, una carta directamente al presidente Gustavo Petro en la que le asegura estar dispuesto a contar “toda su verdad” y le plantea varios mecanismos para este diálogo. Uno de ellos, ser la figura de gestor de paz a la cual se han sumado distintos capos y han obtenido beneficios, por ejemplo, los 18 exjefes paramilitares, entre ellos, Salvatore Mancuso Gómez.
Fuentes cercanas a Miguel Rodríguez Orejuela le confirmaron a SEMANA que el exjefe del Cartel de Cali no está pidiendo nada a cambio, únicamente, que cese la persecución a su familia, que lleva —según su criterio— más de 40 años. “El balón ahora está en el campo del presidente Petro y él sabrá si hay interés o no en que se conozca la verdad y se escuche a Miguel Rodríguez, que cuente toda su verdad, no solo al presidente, sino a todo el país. También saber si el país está dispuesto a escucharlo”, dijo uno de los familiares.
La solicitud la hizo el excapo del narcotráfico a través de una carta enviada hace más de seis a la Casa de Nariño por medio de sus abogados. Fuentes cercanas aseguraron que en las próximas horas, el presidente de la República hará públicos los alcances de la misiva y se espera que entregue una respuesta sobre la petición hecha.
Miguel Rodríguez Orejuela, quien tiene actualmente 81 años, habría puesto de presente en su misiva su deseo de contar toda la verdad sobre las actividades desconocidas del Cartel de Cali, sus alianzas criminales y las acciones que se adelantaron en la guerra de los capos contra Pablo Escobar Gaviria.
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El capo fue capturado el 6 de agosto de 1995 en medio de un complejo operativo de la Policía y las Fuerzas Militares. En 2005, fue notificado de la decisión del Gobierno que avalaba su extradición a Estados Unidos, donde era requerido por delitos relacionados con el tráfico de drogas, junto a su hermano Gilberto Rodríguez Orejuela, más conocido como El Ajedrecista.
Tan solo dos años después de pisar una cárcel en Estados Unidos, recibieron una condena de 30 años de prisión por su responsabilidad directa en el tráfico de cocaína.
El fallo judicial se emitió después de una negociación con las autoridades del estado de la Florida. En esta, según confirmaron varias fuentes, se pactó la entrega de 2.100 millones de dólares para la reparación de las víctimas. Así como una entrega de 29 propiedades ubicadas en Colombia, Estados Unidos, España y Ecuador.
Los hermanos Rodríguez Orejuela solicitaron protección para sus familiares.
En el proceso –como lo reseñaron varios informes periodísticos de la época- los dos exjefes del Cartel de Cali reconocieron haber importado más de 200.000 kilos de cocaína a Estados Unidos entre los años de 1990 a 2002 en cargamentos de postes de concreto, vegetales, madera, cilindros de cloro, y en una ocasión en un avión 747 hacia México, una de las rutas más importantes para el tráfico de drogas.
Además de esto, los 28 familiares de los capos que también pactaron la negociación, renunciaron a 300 compañías constituidas en las Bahamas, Panamá y Colombia. Con esto lograron conservar algunas de sus propiedades y ser retirados de la denominada Lista Clinton, que congelaba los bienes de personas relacionadas con el terrorismo y el narcotráfico, así como a su núcleo familiar y empresas.
El 6 de abril de 2023, en una carta pidió su libertad a un juez de la Florida, con el fin de no tener la misma suerte de su hermano mayor, quien murió el 31 de mayo de 2022 en una cárcel de Carolina del Norte, Estados Unidos.
En la misiva, el excapo del narcotráfico indicaba que estaba muy enfermo.
Igualmente, el exjefe del Cartel de Cali anexó certificados de buena conducta por los centros carcelarios por los que había transitado en Estados Unidos.
El cumplimiento de su compromiso para no incurrir en actividades delictivas y las actas de entrega de los bienes para la reparación de las víctimas.
