Lujos y exclusividad, en vilo: alarma en Barranquilla por presuntas irregularidades en la construcción de un condominio

El que es considerado como el proyecto más importante de inversión inmobiliaria de la región Caribe se convirtió en un dolor de cabeza para algunas familias que depositaron sus sueños en él. De acuerdo con sus testimonios, las promesas de lujo y exclusividad terminaron en un calvario que promete una larga batalla jurídica y administrativa en la que buscan defender sus derechos frente a una de las constructoras más reconocidas del sector.

Se trata de Mas House Caujaral, a cargo de Entorna S. A. S., que acumula más de diez años de experiencia en construcción de unidades residenciales. Bajo la presidencia del español Fernando Gallego Martínez, llamó la atención de la élite de la costa por su ubicación privilegiada en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, y el impecable diseño inspirado en el vanguardismo. En la época de la promoción, se indicó que desde las ventanas se podía observar el lago del Cisne y que algunos acabados serían importados de diferentes ciudades de Europa y Estados Unidos, según le relataron algunos compradores a SEMANA.

Con una amplia publicidad en medios de comunicación y redes sociales, la compañía prometió apartamentos desde 51 hasta 160 metros cuadrados. La primera etapa constaba de tres torres con 20 pisos, y en cada una de ellas se proyectaron ocho residencias. En cuanto a los espacios comunes, se afirmó que tendría zonas suficientes para el esparcimiento y diversión de todos los integrantes del hogar, como piscinas, gimnasio, bosque y un club house con múltiples características, que lo convertiría en uno de los conjuntos con mayor ostentación de la región.

Sin embargo, el panorama es borroso para algunos ciudadanos que firmaron compraventas desde 2021. Jhon Jairo Morales, apoderado de una parte de los afectados y director de Dumed Abogados, describió que esta información se habría “quedado en el aire y no hay resultados”, pese a las millonarias inversiones de los clientes. Según Morales, el inmueble más económico fue facturado por 280 millones de pesos, y el más costoso, por más de 400 millones de pesos, aunque se modificaron los precios en medio de la construcción de la primera torre, como se verá más adelante.

En su defensa, la constructora respondió que el proyecto está en firme, que cumple con todos los compromisos apegados a la ley y desconoció las presuntas irregularidades que denuncian públicamente sus compradores. Con base en su relato, el primer edificio lo espera entregar a mediados de 2025, el segundo sería inaugurado en 2026 y el tercero está en veremos, dado que no tiene la cantidad de clientes suficientes para iniciar su construcción.

Presiones y cambio de reglas

Los compradores de Mas House Caujaral le presentaron múltiples quejas a SEMANA. Uno de ellos, que pidió omitir su identidad para evitar presuntas persecuciones, dijo que le hace seguimiento al proyecto desde el exterior con desesperanza, pues su apartamento debía estar listo a finales de 2023 y hoy no alcanza ni el 10 por ciento de avance. Por su parte, a otros la constructora les informó en comunicaciones escritas que la entrega de unidades “se llevará a cabo entre los meses de septiembre y diciembre de 2024”. A esto se suman las dudas sobre el uso del suelo donde se levantan las torres, dado que serían terrenos de especial protección, según el cliente.

“Luego de sostener una conversación con el mismo Fernando Gallego, representante legal del proyecto, fuimos engañados una vez más. Él mismo nos prometió una supuesta construcción adicional de un beach club que le permitiría a los residentes gozar de una zona exclusiva de acceso a una playa aledaña con algunas amenidades, como bar, restaurante, etcétera, cosa que, por supuesto, se quedó en una simple presentación en animación digital”, manifestó el mismo comprador.

Él y más clientes coinciden en que la posición de la constructora sería de silencio e indolencia: “No hemos recibido la primera comunicación, reporte o actualización alguna. Al solicitar nuestro dinero, la respuesta ha sido que lo pueden hacer, pero solo después de aplicarnos escandalosas penalizaciones del 10 por ciento sobre el valor de la venta. Es decir que, si el apartamento costaba 300 millones de pesos, ellos se quedarían con 30 millones, y que solamente pueden ser restituidos después de que ellos consigan vender esa misma unidad a un nuevo e incauto cliente”.

El abogado Morales encabeza la defensa de otro grupo de compradores molestos por las aparentes demoras en la entrega de los inmuebles y el incremento en el precio del proyecto, a pesar de que ya estaba firmada la compraventa. “Eran apartamentos que costaban, aproximadamente, entre 280 millones de pesos y algo más de 400 millones a precios de lanzamiento. ¿Por qué a precio de lanzamiento? Porque ese precio hoy no existe. Y no es porque haya sido un éxito, sino porque hay un descalabro financiero adentro que pretenden compensar aumentando los precios a pesar de que ya estaban fijados”.

En los procesos que reposan en la Superintendencia Financiera de Colombia, se alertó que, supuestamente, el constructor –Fernando Gallego Martínez– estaría presionando a los clientes para aportar más dinero a fin de que prosperen sus residencias. “Para poder entregarles esos apartamentos, tienen que encimarle, aparte del valor inicial, hasta 200 millones de pesos por apartamento, porque, según él, se valorizaron durante el tiempo de construcción y porque las cuentas a él ya no le dan. Si no pagan, el señor toma la decisión de sacar a la gente forzosamente del proyecto. Les dice: ‘Demanden donde quieran, hagan lo que quieran’, porque las condiciones se hacen como él diga”, agregó Morales.

El abogado denunció que también habría inconvenientes con la licencia de construcción y sus tiempos de vigencia. “La licencia inicial vencía el 16 de diciembre de 2022; pidieron prorrogarla el 27 de octubre de 2022. La Curaduría Primera de Puerto Colombia, mediante resolución del 30 de diciembre de 2022, prorrogó la licencia por 12 meses más. Es decir, la licencia se vencía el 23 de diciembre de 2023, fecha en la cual tampoco acabaron la construcción”.

Respuestas del constructor

SEMANA contactó a Fernando Gallego Martínez, pero él remitió las inquietudes a su abogado, quien negó todas las acusaciones de los compradores y sus defensores. En primer lugar, comentó que el cronograma de las tareas no está alterado y se cumple como lo prometieron desde 2021: “Nosotros estamos en el término para continuar la ejecución de obra. Estamos ya en etapa de entrega de nuestro proyecto; tenemos 400 clientes de 450 unidades. A la fecha, no estamos incumpliendo las entregas. Las obras no están suspendidas”.

Frente al cambio de precios de los apartamentos, él explicó que es necesario para poder culminar las construcciones. Para los primeros clientes, el costo del metro cuadrado fue de 4 millones de pesos y le incrementaron 700.000 pesos. Los nuevos compradores deberán pagar 10 millones de pesos, justificados en la ubicación de los predios y los materiales.

Contrario a la experiencia que estarían viviendo los compradores, el abogado desconoció las supuestas presiones: “Lo que hicimos fue una solicitud voluntaria. Se les explicó a los clientes que el incremento era voluntario. El que quería aceptarlo lo aceptó porque confió en el proyecto. En Colombia a veces es necesario hacer un reequilibrio económico. Se llamó a los clientes y se les explicó los motivos por los cuales era necesario hacer el reequilibrio. Se le explicó al cliente que, si no quería aceptar, no se le iba a presionar ni nada”. También confirmó que los que no agreguen la plata deben salir del proyecto y se les devolverá la plata. “Sale con su dinero. Se está devolviendo el dinero a través de la fiducia”. De los testimonios escuchados por SEMANA, a ninguno le han devuelto la plata.

De igual manera, el abogado negó problemas con la licencia de construcción. Reafirmó que el predio no tiene características para ser de uso de protección especial ni que los edificios se encuentran sobre un humedal.

El debate continuará en las próximas semanas ante las autoridades competentes. Ya se cayeron algunos procesos de conciliación, hay quejas ante la Superintendencia Financiera, avanzan los casos expuestos en la Superintendencia de Industria y Comercio, y también hay carpetas abiertas en juzgados del departamento del Atlántico.