“Los secuestrados fueron sometidos a condiciones que desconocían su dignidad humana”: Las claves de la primera sentencia contra el exsecretariado de las Farc

En el año de 1993, desde el Secretariado de las Farc, se dio la instrucción a todos sus bloques de aumentar el número de secuestros. Esto con el fin explícito de lograr un mayor financiamiento de las estructuras guerrilleras que se estaban extendiendo por varias regiones del país.

Esta es una de las principales conclusiones a las que llegó la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la emisión de la primera sentencia en contra de los exmáximos comandantes de las Farc que siguen acogidos al Acuerdo de Paz firmados en 2016.

En la sanción, que ha recibido todo tipo de cuestionamientos y críticas por varios sectores políticos, se señala que esta “práctica criminal” del secuestro fue presentando una mutación en la década de los noventa.

En el año de 1998, desde el mismo Secretariado, se empezó a coordinar el secuestro de agentes de la Fuerza Pública y de Policía, esto con el fin de presionar ante el Gobierno un “intercambio humanitario” por guerrilleros que habían sido capturados y estaban en centros carcelarios.

“Estas prácticas se extendieron de forma sistemática y generalizada por todo el país”, señala uno de los apartes de la decisión que fue dada a conocer este martes 16 de septiembre.

En este punto se advierte que los secuestrados, principalmente aquellos con los que se quería forzar el intercambio, fueron víctimas de todo tipo de vejámenes y malos tratos.

Esto pese al dicho de varios comandantes de las Farc que aseveraron que se les trató de manera correcta durante el tiempo en el que estuvieron en cautiverio.

“Se evidenció que el llamado ‘buen trato’ a los cautivos en la práctica se redujo únicamente a mantenerlos con vida, mientras eran sometidos a condiciones que desconocían por completo su dignidad”, señala la decisión de la JEP.

“Las jaulas”

La “política” de secuestro, de la cual eran totalmente consientes los máximos comandantes de las Farc, se puso en marcha en varias regiones con el fin de lograr un control territorial. “Estos secuestros se daban donde la presencia del Estado era muy poca o nula, contra víctimas de las que ellos pensaban que podrían ser colaboradores de sus enemigos como los paramilitares o integrantes de la fuerza pública”.

“Estos secuestros también se daban contra aquellas personas que se negaban a cumplir las normas de convivencia de la guerrilla como una forma de castigo”, complementa la sanción que deberá ser notificada formalmente en una próxima audiencia.

El secuestro se convirtió, sin lugar a dudas, en una de las prácticas más inhumanas durante el conflicto armado, afectando la integridad física y mental de los secuestrados y de su familia. Las consecuencias de estos actos han permanecido en el tiempo después de varias décadas.

En la memoria colectiva persisten las imágenes de los secuestrados en jaulas con alambres de púas mientras el entonces comandante guerrillero Víctor Julio Suárez Rojas, conocido como El Mono Jojoy, les habla.

“La investigación documentó que hombres del Bloque Oriental –y en algunas ocasiones del Bloque Sur- utilizaron corrales de alambre de púas, descritos por las víctimas como ‘jaulas’ o ‘campos de concentración’. Allí encerraron a los integrantes de la Fuerza Pública y a civiles, con el fin de evitar fugas y forzar un intercambio por guerrilleros presos”, enfatiza el fallo.

Estos espacios no contaban con ningún tipo de servicio básico, el acceso al agua era totalmente restringido, lo que generó un menoscabo en la integridad de los secuestrados. Algunos de ellos estuvieron en esa situación durante años.

“El uso de esas jaulas era deliberado y excedió la necesidad de prevenir fugas: se convirtió en un método sistemático de maltrato que violó la dignidad humana. Por eso, estos hechos fueron calificados como crímenes de lesa humana, al constituir una grave forma de privación de la libertad”, se lee en el fallo.