Los escoltas de la UNP quedaron sin armas en plena avanzada con la protegida, en La Guajira ¿Qué pasó?

La periodista Amalfi Rosales, quien ha sido víctima de amenazas, intimidaciones y hasta un atentado a bala por su labor, denunció que en las últimas horas sus escoltas asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP) quedaron completamente desarmados después de que la Policía verificará que llevan esos elementos sin papeles.

En diálogo con SEMANA, Rosales detalló que cuando se desplazaban desde Barranquilla hacia La Guajira “nos para un retén de la policía, como debe ser, nos solicita una requisa. En la requisa resultó que los armamentos que portaban mis escoltas estaban ilegales prácticamente. No tenían los requisitos de ley para estar portándolas. Y los hombres de protección no estaban vinculados legalmente a las empresas”.

SEMANA conoció el acta de incautación de armas que formalizó la Policía en medio del proceso, y detalló que el escolta, “se encuentra acreditado con la empresa Alliance Risk Protection Ltda y el arma le aparece a la empresa Guardianes Compañía Líder de Seguridad Ltda”. En el documento se detalla que a ese funcionario también le incautaron dos carnets de la empresa Guardianes Compañía y Alliance Risk.

Desde la Policía de La Guajira explicaron que en el proceso no se registraron capturas porque no es un caso de porte ilegal de armas, sino que “la incautación se realiza porque la empresa de vigilancia no tiene activos los escoltas en la supervigilancia”.

Lo curioso de este caso es que en septiembre de 2022, el Ministerio de Defensa, mediante un oficio, informó que la empresa Cobasec Limitada fue absorbida por Guardianes Compañía, identificada con la razón social Alliance Risk, y confirmó que para el uso de las armas de fuego para el servicio de esa empresa se podría hacer hasta que se realice el trámite de cambio de razón.

En ese entonces el sector defensa comunicó que si ese trámite no se daba, quedarían “a nombre de una empresa inexistente, lo que conllevaría la incautación del arma de fuego como lo establece el decreto 2535 de 1994 o en el eventual caso la captura por porte ilegal de armas, de estar vencido el permiso de porte correspondiente”.

Frente a esa situación, la protegida indicó a SEMANA que los escoltas “se comunicaron cada uno con las empresas y pues las empresas están diciendo que están en empalme, que es que están todavía haciendo el proceso. Pero, pues eso no es excusa para exponer en este momento mi vida, porque entonces mientras el empalme, entonces los protegidos estamos prácticamente vulnerables a cualquier atentado”.

Por ahora la UNP no se ha pronunciado frente a este nuevo caso que deja en evidencia la cantidad de problemas administrativos que se están presentando con los esquemas de protección, y que se traducen en riesgo para la vida de las personas que se encuentran recibiendo el servicio por parte de la entidad.

Amalfi también contó a que desde que llegó el director Augusto Rodríguez a la Unidad de Protección, ha vivido con esta dos irregularidades con su esquema de protección. La primera se presentó cuando la camioneta asignada quedó apagada desde el centro de control.