Álvaro Uribe: este 1 de agosto, se conocerá la tasación de la pena contra el expresidente. Así fue la audiencia

La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció que interpondrá un recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia que encontró penalmente responsable al exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Pese a que la bancada de la defensa está a la espera de conocer la decisión completa —que se expondrá el próximo 1 de agosto— para estudiar los argumentos jurídicos, se ha podido establecer que se enfocarán en cinco frentes clave de la decisión que tomó la jueza 44 de conocimiento de Bogotá.

Las interceptaciones por “error” al expresidente

Para la defensa de Álvaro Uribe Vélez, las interceptaciones telefónicas recolectadas por orden de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia son completamente ilegales, puesto que se realizaron en un expediente en el que el exmandatario no figuraba ni tenía relación.

Debido a esto, se considera que lo registrado allí está viciado y no se puede utilizar como evidencia probatoria para ningún caso. Además, que pese a la advertencia que se hizo desde el primer minuto por parte de uno de los investigadores la Corte, se siguió registrando las llamadas de Uribe Vélez por cerca de un mes.

Como si fuera poco, en estas se registraron las conversaciones que sostuvo el exmandatario con Diego Cadena, un abogado a quien ya le había otorgado un poder para que lo representara en varios casos, como lo muestran diversos documentos.

Esto representa una vulneración al secreto profesional entre abogado y cliente, el cual ha sido protegido por la Corte Constitucional en diferentes sentencias. Pese a esto, al inicio de la lectura de fallo, la jueza le dio plena validez, asegurando que tenía todo para ser considerada una prueba.

La cadena de custodia de los relojes espía

Sin lugar a dudas, una de las pruebas más polémicas del llamado caso Uribe tiene relación con los relojes con cámara que utilizó el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve Pineda para grabar dentro de la cárcel La Picota las conversaciones que sostuvo con el abogado Diego Cadena y con Enrique Pardo Hasche, para mediados de febrero de 2018.

La defensa del expresidente alega que estas pruebas fueron manipuladas, centrándose en el hecho que no cumplieron con una cadena de custodia, pues los relojes estuvieron casi siete años en poder de Deyanira Gómez y su abogado.

No fue hasta septiembre de 2024 que la defensa del exmandatario pudo acceder a todas las grabaciones para darse cuenta de que los videos —según indicaron peritos forenses y especialistas— fueron alterados y manipulados, lo que le restaba cualquier valor probatorio.

Sin embargo, para la funcionaria judicial, los informes periciales que advertían estos daños no son confiables ni concluyentes. Igualmente, les dio pleno aval a las declaraciones de las personas que manipularon tales elementos tecnológicos, como lo fueron Juan Guillermo Monsalve y Deyanira Gómez.

Juan Guillermo Monsalve, ¿la víctima?

Pese a que la defensa del expresidente aseguró una y otra vez que “Juan Guillermo Monsalve no era testigo de nada” y puso en tela de juicio su credibilidad por las múltiples versiones que ha dado a lo largo de diez años, la jueza 44 de conocimiento de Bogotá avaló cada una de las palabras que dijo el exparamilitar en su declaración como testigo de la Fiscalía.

En este punto, la jueza aseguró que —de acuerdo con su declaración y los videos que grabó con los famosos relojes espía— Monsalve fue víctima de todo tipo de presiones del abogado Diego Cadena y su compañero de patio Enrique Pardo Hasche, para que aceptara la propuesta de aquel que se presentaba como emisario del expresidente y firmara una retractación.

Para la jueza, Monsalve jamás quiso retractarse de lo dicho en contra del expresidente Uribe, pero por los ofrecimientos de Cadena y Pardo se creó esa narrativa.

Para la defensa del expresidente, Monsalve no es un testigo creíble ni de referencia puesto que siempre ha dado una versión distinta. Desde el principio, ha compartido fechas inexactas sobre las supuestas visitas de Álvaro Uribe y su hermano Santiago a la finca Guacharacas, en Antioquia, para supervisar la creación del Bloque Metro de las AUC.

A esto se le suman sus versiones encontradas sobre la pertenencia a este grupo armado ilegal. Frente a estos hechos, ha sido desmentido por su padre y hermano mayor.

La jueza centró este caso como un “dilema” dado que los familiares de Monsalve se vieron en una encrucijada al tener que apoyar la versión de Luis Guillermo Villegas, un reconocido comerciante muy cercano al expresidente Uribe y quien los apoyó y les dio trabajo en sus fincas.

La tríada de la cárcel de Cómbita

Pese a que durante sus declaraciones los exparamilitares del Bloque Metro de las AUC Máximo Cuesta Valencia, alias Sinaí; Giovanny Alberto Cadavid Zapata, alias Cadavid, y Elmo José Mármol Torregrosa, alias el Poli, quienes estaban privados de su libertad en la cárcel de Cómbita, Boyacá, reseñaron las presiones que recibieron del senador Iván Cepeda y la abogada Mercedes Arroyave para declarar contra el expresidente Uribe, la jueza 44 de conocimiento les restó credibilidad.

Para la defensa del expresidente, estos son testimonios de gran importancia pues alertan el modus operandi de Iván Cepeda para buscar testigos en las cárceles y lograr así incriminar al expresidente Uribe en acciones delincuenciales y criminales.

Desautorización a Cadena

Finalmente, la defensa ha hecho énfasis en que tras conocer que el abogado Diego Cadena le entregó una “ayuda humanitaria” al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, conocido como Víctor, el exmandatario le hizo público un reproche por haber realizado esa acción sin consultarlo.

Varios testigos aseveraron que el Uribe Vélez le dijo al abogado que jamás habría permitido eso, pues se podía malinterpretar la ayuda económica.

Esto pese a que Cadena le aseguró que un familiar de alias Víctor le había manifestado la grave situación que tenían por cuenta de un niño menor de edad que estaba hospitalizado y no contaban con los recursos para comprarle los medicamentos.

Esta acción representa la postura que tenía el expresidente frente a cualquier tipo de ofrecimiento a los potenciales testigos, a los que siempre les pidió que dijeran la verdad.