Víctimas de la UNGRD le pidieron a la Fiscalía un principio de oportunidad para Sandra Ortiz

Sandra Ortiz, la exconsejera para las Regiones del presidente Gustavo Petro, está privada de la libertad por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Ella negó cualquier vínculo con este caso de corrupción y luego pidió pista en la Fiscalía para convertirse en testigo, pero el ente acusador rechazó la propuesta.

Ahora son las víctimas de este escándalo, en cabeza de la Red de Veedurías Ciudadanas, las que le piden a la Fiscalía estudiar la posibilidad de otorgarle un principio de oportunidad a la exfuncionaria y aprovechar su intención de colaborar con la justicia, siendo testigo en contra de otros implicados.

Esto, “en el entendido de que la verdad en la investigación y determinación de responsabilidades es un derecho de la sociedad en su conjunto, en particular de las víctimas del injusto penal, especialmente frente a graves casos de corrupción de cuello blanco como en el macrocaso de la UNGRD, y toda vez por su condición jerárquica en el Ejecutivo”, señaló Pablo Bustos, de la Red de Veedurías Ciudadanas.

El abogado incluso recordó cómo la semana pasada un juez especializado negó la aprobación de un acuerdo con Olmedo López, el exdirector de la UNGRD, y que afecta gravemente la estabilidad del proceso, por cuanto se trata de un testigo clave en esta investigación. Aseguró que, extrañamente, los delegados de la Fiscalía no apelaron esa decisión.

“Pese a que ellos mismos la habían solicitado y habían suscrito el respectivo principio de oportunidad, y no obstante que otro juez le había impartido su aprobación al principio de oportunidad de Sneyder Pinilla —en idénticos términos se halla en firme—, es la razón por la cual se hace más necesario que nunca este principio de oportunidad”, dijo Bustos en su solicitud.

Para las víctimas de la UNGRD resulta indispensable, casi urgente, que la Fiscalía escuche las declaraciones y la información que pueda entregar Sandra Ortiz como protagonista de este escándalo. Se trata de una versión que ni siquiera ha sido contrastada y que, de plano, la Fiscalía decidió rechazar.

“Siendo que la Fiscalía estaba conociendo información relevante para otros procesos, como el que lleva la Corte Suprema de Justicia contra el señor Iván Name, lo más lógico era que se pusiera presente ante esos magistrados esa información, para que se conociera si los magistrados querían tener el relato de la señora Ortiz, bajo el principio de colaboración armónica”, explicó el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas.

Sandra Ortiz fue imputada y cobijada con una medida de aseguramiento, luego de que la Fiscalía logró, en grado de presunción, demostrar cuál fue su responsabilidad y participación en todo este entramado de corrupción: la forma en la que supuestamente recibió 3.000 millones de pesos con destino al senador Iván Name, también procesado por la justicia.